Traducido de NY Post por TierraPura
El Departamento de Justicia anunció el martes que un gran jurado acusó al Southern Poverty Law Center de realizar pagos fraudulentos de millones de dólares a miembros del Ku Klux Klan y otras organizaciones neonazis.
El fiscal general interino Todd Blanche declaró en una conferencia de prensa que la acusación formal de 11 cargos presentada ante un tribunal federal de Alabama alega que la organización sin fines de lucro de izquierda había pagado en la última década al menos 3 millones de dólares a ocho miembros de grupos de extrema derecha.
Uno de los líderes de la protesta «Unite the Right» de 2017 en Charlottesville, Virginia, recibió aproximadamente 270.000 dólares a lo largo de un período de ocho años. Ni esa persona ni otras fueron identificadas en la acusación formal de 14 páginas.
Otro infiltrado en una organización neonazi recibió un millón de dólares por robar 25 cajas de documentos del grupo de odio.
Otros tenían vínculos con el Ku Klux Klan, los Klans Unidos de América, las Naciones Arias, el Partido Nacionalsocialista de los Nazis Americanos y el club de motociclistas Almas Sádicas.
El martes por la mañana, el director ejecutivo del SPLC, Bryan Fair, declaró en un comunicado que su grupo estaba siendo objeto de ataques por «el uso previo de informantes confidenciales pagados para recopilar información fidedigna sobre grupos extremadamente violentos».
A partir de la década de 1980, el SPLC comenzó a utilizar informantes que se habían infiltrado en diversos grupos.
Pero Blanche afirmó en la rueda de prensa que la organización sin ánimo de lucro nunca informó a las fuerzas del orden de que estaba «pagando al Ku Klux Klan» ni a otros grupos extremistas.
Varios de los informantes también recibían un salario mientras, simultáneamente, aparecían en publicaciones del SPLC —incluida su página web pública «Extremist File»— como miembros de grupos de odio.
En la acusación, la fiscalía alegó que los informantes, o «fuentes de campo», también estaban «involucrados en la promoción activa de grupos racistas».
Por ejemplo, la fuente anónima que proporcionó información sobre el terreno para la manifestación supremacista blanca de 2017 en Charlottesville supuestamente «ayudó a coordinar el transporte al evento para varios asistentes».
«El SPLC es una entidad sin fines de lucro que pretende combatir la supremacía blanca y el odio racial mediante la elaboración de informes sobre grupos extremistas y la realización de investigaciones para informar a las fuerzas del orden, con el objetivo de desmantelar estos grupos», declaró Blanche a los periodistas.
«Tal como se describe en la acusación, el SPLC no estaba desmantelando estos grupos. En cambio, estaba fabricando el extremismo al que dice oponerse pagando a fuentes para avivar el odio racial», dijo.
«No hay nada político en esta acusación ni en esta investigación», añadió Blanche, afirmando que la investigación precedió a la administración Trump y que el Departamento de Justicia de Biden había tomado la decisión de «no continuar» con ella.
El director del FBI, Kash Patel, añadió que el «fraude multimillonario generalizado que duró una década» —y que se extendió desde 2014 hasta 2023— se ocultó a través de una «red bancaria», «empresas fantasma» y otras entidades ficticias.
Según señaló Patel, el SPLC «recaudó dinero de forma fraudulenta mintiendo a su red de donantes, miles de estadounidenses, para que procedieran a pagar a los líderes de estos supuestos grupos extremistas violentos».
Según la acusación, entre las entidades ficticias se encontraban una «Agencia de Investigación Central» o CIA, «Fox Photography», «North West Technologies», «Tech Writers Group» y «Rare Books Warehouse», que «no realizaban ninguna actividad comercial real».
La acusación formal, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la División Norte de Alabama, alega cuatro cargos por hacer «declaraciones falsas o engañosas» sobre las entidades a un banco asegurado federalmente el 10 de diciembre de 2016.441
También se le imputaron seis cargos de fraude electrónico relacionados con una serie de pagos por un total de 13.905 dólares realizados el 25 de abril de 2023.
El undécimo cargo era por conspiración para cometer lavado de dinero.
Según la acusación, a los donantes nunca se les informó de que parte de los fondos donados se utilizarían en beneficio de grupos extremistas violentos o de que parte de los fondos donados se utilizarían para la comisión de delitos estatales y federales.
En caso de condena, los cargos podrían conllevar la confiscación de los «ingresos brutos obtenidos, directa o indirectamente, de los delitos».
