Fuente: Voz Media
Por Alejandro Baños
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue procesada por cuatro delitos tras haber sido investigada durante años. En este periodo, tuvo que comparecer varias veces ante la justicia.
El de su esposa es uno de los tantos casos de corrupción que ha salpicado al entorno más cercano del mandatario socialista.
Según un auto emitido por el juez Juan Carlos Peinado -instructor del caso-, Gómez incurrió en cuatro delitos para la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los centros de estudios superiores más importantes de España.
Gómez ha sido imputada por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, de acuerdo al escrito oficial del juez Peinado al que tuvo acceso AFP.
«La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada», dijo el juez Peinado en un auto de 39 páginas.
Sánchez tuvo que declarar en el caso de su esposa, en calidad de testigo, en septiembre de 2024. Tres meses antes también fue citado, pero, en aquella ocasión, se acogió a su derecho a no testificar ante el juez.
Sánchez, cercado por la corrupción
Al margen del de su esposa, existen otros casos de corrupción en el entorno más cercano de Sánchez, incluyendo familiares y varios de sus más estrechos colaboradores.
Uno de los más mediáticos -que se encuentra, en estos momentos, en pleno proceso judicial- involucra a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, dos figuras que ejercieron como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la formación que lidera Sánchez.
En junio del año pasado, el presidente del Gobierno tuvo que comparecer públicamente para «pedir perdón» después de que Cerdán -quien fue uno de los hombres de su máxima confianza- fuese calificado por las autoridades policiales como el líder de una «organización criminal«.
Una trama en la que también están implicados Ábalos -al que Sánchez colocó como su primer ministro de Transportes y depositó su absoluta confianza-, Koldo García -antiguo asesor de Ábalos- y el empresario Víctor de Aldama. Los delitos por los que podrían ser condenados son: constitución de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa.
Cerdán estuvo cinco meses -hasta noviembre de 2025- encarcelado de manera provisional. Ábalos y García permanecen entre rejas provisionalmente.
Otro de los casos involucra a Álvaro García Ortiz. Nombrado por el Gobierno de Sánchez como fiscal general en 2022, en noviembre de 2025 el Tribunal Supremo le condenó a una inhabilitación de dos años por filtrar secretos para perjudicar a la oposición, concretamente a la presidenta de la región de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además de Gómez, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, está siendo investigado por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación. Está a la espera de la apertura de juicio oral.
Vinculado a Sánchez también está siendo investigada Leire Díez, exmiembro del PSOE. Conocida como La Fontanera, la justicia la imputó en julio de 2025 por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
