Traducido de Bitter Winter por TierraPura.org
El 29 de diciembre, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) publicó un nuevo informe sobre “Violaciones de la religión y la libertad religiosa controladas por el Estado en China”, que se centra en el papel que desempeñan las cinco religiones autorizadas en el sistema chino de represión antirreligiosa.
Según la famosa distinción del sociólogo Fenggang Yang, la religión de China está organizada de acuerdo con tres “mercados”. El “mercado rojo” incluye las cinco religiones autorizadas: cinco organismos controlados por el gobierno que constituyen las únicas organizaciones religiosas legales en China. Son la Iglesia de las Tres Autonomías para Protestantes, la Asociación Católica Patriótica China para Católicos, la Asociación Taoísta de China para Taoístas, la Asociación Islámica China para Musulmanes y la Asociación Budista China para Budistas.
El “mercado negro” incluye a los grupos señalados por el régimen y prohibidos como “xie jiao” (“enseñanzas heterodoxas”, incorrectamente traducidas como “cultos malvados”), que son perseguidos sin piedad. En el medio se encuentra el segmento más grande de la vida religiosa de China, el “mercado gris” de comunidades que se niegan a unirse a las cinco religiones autorizadas y se consideran ilegales, aunque no están prohibidas como xie jiao: iglesias domésticas protestantes, objetores de conciencia católicos que rechazan el acuerdo Vaticano-China de 2018, templos taoístas y budistas independientes y mezquitas islámicas. Bajo Xi Jinping, la vida se ha vuelto cada vez más precaria también para aquellos en el “mercado gris”.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) es una comisión bipartidista independiente de los Estados Unidos cuyos miembros son designados por los líderes del Congreso de ambos partidos y nombrados por el Presidente. El 29 de diciembre, publicó un nuevo informe sobre “Violaciones de la religión y la libertad religiosa controladas por el Estado en China”, que se centra en el papel que desempeñan las cinco religiones autorizadas en el sistema chino de represión antirreligiosa. Estamos agradecidos por las repetidas referencias a Bitter Winter, incluido un importante artículo de Marco Respinti que expuso la estrategia de China para instalar un Dalai Lama propio cuando el actual 14ésimo Dalai Lama muera.
El informe denuncia la “complicidad de las cinco religiones autorizadas en las violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa por parte del gobierno”. Explica cuidadosamente cómo las cinco organizaciones existen no para promover la religión, sino para controlarla, limitarla y transformarla en una herramienta de propaganda para el Partido Comunista Chino (PCCh). Este papel no es secreto, señala el informe. Está claramente explicado en los estatutos de las cinco organizaciones, en los discursos de Xi Jinping y en las “Medidas sobre la administración de grupos religiosos” de 2020. Los cinco organismos se definen como “organizaciones religiosas patrióticas”, “con el propósito expreso de ‘unir y guiar’ a los miembros de sus respectivas comunidades religiosas para ‘apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino y el sistema socialista'”.
En la práctica, explica el informe, esto significa que “ayudan o trabajan con el PCCh y el gobierno en la promulgación, implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas estatales, a menudo a expensas de las comunidades religiosas que dicen representar”. Se les pide que ofrezcan su apoyo para rastrear, denunciar y perseguir a los xie jiao y otras formas de religión “ilegal”, y lo hacen celosamente.
Llevan a sus afiliados a estudiar los documentos del PCCh y los escritos y discursos de Xi Jinping. Se aseguran de que los lugares de culto autorizados sean “obligados a exhibir carteles de propaganda comunista, incluidas imágenes y citas de líderes comunistas como Xi Jinping y Mao Zedong, aunque la exhibición de tales imágenes viola los principios religiosos de algunas religiones. Además, los miembros del clero sancionados por el estado se ven obligados a incorporar la ideología y las políticas del PCCh en sus sermones o discursos”.
Si bien las cinco religiones autorizadas desempeñan su papel negativo en toda China, el informe señala que su complicidad con el PCCh es especialmente obvia en Xinjiang y en el Tíbet. Allí, ayudan al Partido Comunista en su represión de expresiones genuinas del Islam y el budismo, y tratan de ocultarlo a través de la propaganda difundida internacionalmente. En el Tíbet, la Asociación Budista China está tomando cada vez más la iniciativa en la estrategia del PCCh destinada a instalar un falso Dalai Lama propio cuando el actual Dalai Lama muera.
El informe concluye que “las organizaciones religiosas controladas por el Estado siguen siendo una parte integral del control institucional de la religión del PCCh. Se espera que estas organizaciones sean absolutamente leales al PCCh, que sirvan como conductos y patrocinadores de la propaganda estatal, y que faciliten la implementación de las políticas religiosas del PCCh, especialmente la política profundamente coercitiva sobre la sinización de la religión.
La participación integral de estas organizaciones religiosas controladas por el Estado en tal represión las convierte en cómplices de las violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa del PCCh. Por otro lado, estas organizaciones religiosas también son irónicamente víctimas de la política religiosa del PCCh; se les priva de una práctica genuina de la religión sin interferencia estatal, y cualquier deslealtad percibida y desacuerdo público con el PCCh y el gobierno conduce a un castigo severo”.
El informe de USCIRF nunca menciona al Vaticano. Sin embargo, al recomendar que después del acuerdo de 2018 (renovado en 2020 y 2022) los católicos se unan a la Asociación Católica Patriótica China, la Santa Sede es implícitamente criticada por dirigir a los creyentes chinos a formar parte de una organización expuesta como cómplice de violaciones brutales de la libertad religiosa.
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