Traducido de BreitBart.com por TierraPura.org
El abogado especial John H. Durham obtuvo una victoria el miércoles cuando un juez federal en Washington, DC, acordó obligar a la entrega de documentos que la campaña presidencial de Hillary Clinton dijo que estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente.
Durham está procesando al ex abogado de Clinton, Michael Sussmann, por mentir al FBI cuando afirmó que actuaba como ciudadano privado al proporcionar información falsa que pretendía vincular al entonces candidato Donald Trump con el gobierno ruso a través de Alfa Bank.
Como señaló el New York Post a principios de la semana:
En los documentos judiciales presentados el mes pasado, Durham dijo que el Comité Nacional Demócrata, Hillary for America, la empresa de investigación Fusion GPS y el poderoso bufete de abogados Perkins Coie -donde Sussmann era anteriormente socio- “han retenido y/o redactado documentos y comunicaciones” que podrían ser utilizados contra el acusado”.
Durham dijo que tomaron esa decisión “sobre la base de una teoría aparente de que la investigación de la oposición política y/o el trabajo de relaciones públicas … entra en el ámbito legítimo del privilegio abogado-cliente y las protecciones de productos de trabajo”.
“Lo han hecho a pesar del hecho de que casi todos estos materiales parecen carecer de cualquier conexión con un litigio real o esperado o la prestación de asesoramiento jurídico”, escribieron los miembros del equipo de Durham.
En esa moción, Durham argumentó que los documentos que buscaba eran cruciales para demostrar la relación entre Sussmann y otros, incluso si el contenido de los documentos debía ser redactado.
El miércoles, un juez federal le dio la razón, según el blogger jurídico Techno Fog:
El tribunal revisará los documentos “a puerta cerrada” antes de decidir si deben ser entregados a la fiscalía y posiblemente admitidos como prueba durante el juicio, que comienza con fuerza a finales de este mes.
El tribunal sólo revisará 38 documentos de los 1.500 sobre los que los acusados y sus asociados han hecho valer el privilegio, según el Washington Examiner. Sin embargo, otros podrían ser introducidos en futuros juicios, dijo la fiscalía:
Queda por ver cómo se pronunciará el juez sobre las solicitudes de privilegio después de echar un vistazo a los documentos relacionados con Alfa Bank. Treinta son correos electrónicos internos de Fusion, y ocho están relacionados con [el ejecutivo tecnológico Rodney] Joffe y Fusion.
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El juez preguntó al fiscal de Durham, Jonathan Algor, si Durham volvería a pedir los otros 1.500 documentos si el juez acababa dando la razón a la acusación sobre estos 38 registros. Algor dijo que “no para este juicio”, pero dejó la puerta abierta para el futuro, diciendo que “la decisión de Su Señoría es importante” para la investigación.
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El abogado de la campaña de Clinton, Robert Trout, argumentó que “el gobierno tiene aquí una visión erróneamente estrecha del privilegio” y calificó de “falsa opción” decir que algo es investigación de la oposición o está cubierto por el privilegio. Dijo que “es cierto que Donald Trump era un candidato de la oposición”, pero afirmó que Fusion había sido contratada para ayudar con el asesoramiento jurídico de la campaña. Dijo: “Puede haber sido una investigación sobre un candidato de la oposición, pero el verdadero propósito era aclarar nuestros datos”.
El juez dijo que si bien parte del trabajo realizado por Fusion GPS podría haber sido de naturaleza legal, la investigación de la oposición no calificaba, y por lo tanto algunos de los documentos tendrían que ser revisados.
Ya se espera que cinco asociados de Hillary Clinton hagan valer sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación en el juicio, en el que los fiscales han alegado una “conspiración” para inventar la idea de que Trump se confabulaba con Rusia, y para plantarla en los medios de comunicación y alimentar a las fuerzas del orden.
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