Por Oriana Rivas – PanamPost
Nuevamente Estados Unidos envió un llamado de atención a Venezuela por servir para la producción y transporte de drogas ilícitas. Como cada año, la Casa Blanca publica esta lista con las principales naciones inmersas en ambos delitos. Aunque Venezuela y Bolivia ya formaban parte del listado, esta vez hubo mención especial a sus gobiernos.
Los dos países fueron incluidos otra vez en la lista «por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones», aseguró el comunicado firmado por el presidente Joe Biden. Otros países que integran la lista son Afganistán, Las Bahamas, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
No son secretas las acusaciones hechas contra el gobierno venezolanos por parte de expertos, organizaciones independientes y por voceros de la política estadounidense. En marzo del año pasado, el entonces fiscal general de los EE. UU. William P. Barr, señaló a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por «facilitar el narcotráfico en la región». Pero han sido numerosos los escándalos de droga relacionados al chavismo.
Los planes de Hugo Chávez figuran como uno de estos, ya que uno de sus planes contra EE. UU. era «inundarlo» de droga, según documentos confidenciales de fiscales federales de Nuevo York revelados por The Wall Street Journal hace dos años. Para hacerlo, el fallecido dictador pidió a algunos altos funcionarios aliarse con grupos terroristas como ELN y las FARC. Entre ellos, estaba nada menos que su entonces líder de inteligencia Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, recientemente capturado en España y con un pedido de extradición pendiente.
La zona gris del narcotráfico
La administración demócrata matizó el anuncio, asegurando que la presencia de un país en la lista anterior «no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su Gobierno ni del nivel de cooperación con Estados Unidos». Sin embargo, sí admitió como razones válidas la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas. «Incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley».
La complicidad del régimen venezolano con grupos narcoterroristas ha recibido especial atención los últimos meses. Sobre todo cuando arreció el conflicto entre guerrillas en la frontera con Colombia, en mayo pasado. Según Fundaredes, una ONG que hace seguimiento de los conflictos fronterizos, Maduro estaría apoyando a «disidentes» de las FARC para apoderarse de pistas de aterrizaje y facilitar el transporte de drogas hacia otros países. Su director, Javier Tarazona, ahora se encuentra tras las rejas.
Tal es el poderío de los carteles en ese territorio, que miles de personas han sido desplazadas, sin contar el secuestro y muerte de militares venezolanos, creando una especie de «zona gris» entre la competencia pacífica y el conflicto armado. De parte de Maduro, no hubo demasiados esfuerzos, mas que enviar milicianos y posteriormente «rescatar» a los soldados secuestrados.
Llamado de atención para Luis Arce
Para Luis Arce, presidente de Bolivia y delfín de Evo Morales, también hubo alertas. La exigencia es la de «tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca» de grupos criminales y cultivo ilícito «que continúa excediendo los límites legales de las leyes nacionales de Bolivia».
A inicios de este año fue capturado en ese país un empresario boliviano, acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región. Era solicitado por la Interpol. En mayo, las autoridades destruyeron tres fábricas de crack con capacidad de producir más de 900 kilogramos al día.
Junto a estas advertencias, Biden mencionó una «epidemia de sobredosis y adicción a las drogas en curso en los Estados Unidos» y añadió que » buscará ampliar la cooperación» con países como México y Colombia. No obstante, se desconocen por ahora de qué tratará el plan que el presidente demócrata quiere añadir a su presupuesto del próximo año fiscal. Uno de los planes más elevados en la historia del país que podría apoyarse en el aumento de impuestos.
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