La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos de su cargo de jefe de la Comandancia de Madrid, es un signo claro del deterioro institucional que sufre España bajo el gobierno de extrema izquierda de Sánchez-Iglesias.
La directora general de este instituto armado, María Gámez, bajo las órdenes del ministro Fernando Grande-Marlaska, podría haber utilizado procedimientos irregulares para cesar a quien fuera responsable de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. En el momento de la destitución, Pérez de los Cobos investigaba en secreto y bajo supervisión judicial los errores que se cometieron durante la celebración de numerosos actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus.
A pesar de que desde el ministerio se insistió en que el cese del coronel se debía únicamente a razones de reestructuración interna de equipos, un documento reservado que ha hecho público el diario ‘El Confidencial’ ha puesto entredicho la versión mantenida por Marlaska, al desvelar que su destitución podría haber sido por negarse a informar a los mandos políticos de Interior.
La ley obliga a la Policía Judicial a mantener el secreto de la investigación cuyos detalles sólo puede conocer el juez que instruye el caso. A la vista de esta y otras contrariedades, Marlaska —quien desde un primer momento negó públicamente que quisiera conocer el contenido del informe—, optó por el despido fulminante de Pérez de los Cobos.
Los expertos advierten que los hechos, orquestados desde las más altas instancias del ejecutivo socio-comunista que dirigen Sánchez e Iglesias, podrían ser constitutivos de una serie de delitos que van desde la coacción —ha trascendido que dos generales se pusieron en contacto con Pérez de los Cobos para indagar por el aludido informe— hasta la instigación a la violación de secretos de un funcionario, previsto en el artículo 415 del Código Penal.
Pérez de los Cobos posee una destacada trayectoria profesional en la lucha contra el terrorismo y fue el mando encargado de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1-O.
El escogido por Marlaska para sustituir a Pérez de los Cobos es el teniente coronel David Blanes, quien tiene una orden muy estricta del ministro: rastrear todos los ordenadores de los agentes implicados en la investigación a fin de controlar toda la información relacionada con estas manifestaciones, incluidas las de la marcha del Día de la Mujer que contó con el visto bueno del gobierno.
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Portavoces policiales han revelado el malestar que existe en el cuerpo por la gestión de este caso. De hecho, es la primera vez que el gobierno interviene los archivos de una unidad policial, por lo que se trataría de una labor de contraespionaje desde del Ministerio de Interior contra una dependencia que fue encargada de investigar (por orden judicial) la gestión del gobierno durante la propagación de la pandemia.
A la destitución de Pérez de los Cobos siguió la dimisión del número dos del Cuerpo, Laurentino Ceña, director adjunto operativo (DAO). La cascada de cambios se completó con el cese del general Fernando Santafé, considerado el número tres y quien ostentaba el cargo de jefe de mando de operaciones, MOP.
No es la primera vez que Marlaska cesa a un alto cargo de la Guardia Civil. Al poco tiempo de asumir su responsabilidad como ministro, Marlaska destituyó a Manuel Sánchez Corbí, hasta entonces jefe de la Unidad Central Operativa, después de que éste informara en un comunicado interno —que luego trascendió a los medios de comunicación— la no disponibilidad de presupuesto en la institución armada para llevar a cabo sus investigaciones, una partida que el gobierno mantuvo bloqueado durante algunos meses.
En el marco de la purga emprendida por Marlaska fue también cesado el director de la Guardia Civil, Félix Azón, por negarse a filtrarle detalles de una investigación encargada por la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario contra los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), brazo armado del independentismo en Cataluña.
Para remplazar a Azón, Marlaska eligió a dedo a María Gámez, concejala del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del grupo socialista en dicho Consistorio. La maniobra de Marlaska: alentar la politización dentro de la Guardia Civil y promocionar a agentes de probada lealtad partidista.
Pero este no es el único golpe perpetrado por Sánchez-Iglesias, con la ayuda del ministro, para hacerse con los resortes del poder de la Benemérita.
Durante una rueda de prensa celebrada a finales de abril en el Palacio de la Moncloa, el general José Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, aseguró que el Instituto Armado contratacaba las críticas al manejo del coronavirus desde las redes sociales para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.
Según se desprendía de sus declaraciones, el Gobierno habría instrumentalizado a la Guardia Civil con fines partidistas y, lo que resultó más sorprendente, el Instituto Armado —con probado historial de absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico— accedió a cumplir esa orden, mientras la población permanecía encerrada en sus casas, sin conocer la verdad, adoctrinada por medios de prensa que en su gran mayoría encubrieron la realidad del país durante la crisis de la pandemia.
La declaración del general José Santiago ha generado una tormenta política en un país que muestra síntomas evidentes de deterioro de sus principales instituciones democráticas y una peligrosa deriva dictatorial del gobierno español con su consecuente amenaza para las libertades públicas.
Por el momento resulta difícil predecir dónde se detendrá este proceso de cacería de brujas y cuáles serán sus consecuencias políticas. La veleidad y la improvisación son dos de los principales sellos de identidad de este gobierno, pero detrás de este proceso de desmantelamiento de la Guardia Civil se esconden otras razones.
El perfil de los nuevos cargos, los procedimientos no consensuados de los nombramientos y los numerosos antecedentes en dos años de abuso de poder y obstrucción a la justicia del ejecutivo de extrema izquierda apuntan a que estos no serán los últimos cambios en una administración que practica la injerencia política en la función pública y que se guarda como próximos objetivos a batir la independencia de los jueces, el ejército y hasta el propio jefe del Estado, Felipe VI.
Llama la atención que, con la llegada del PSOE al Gobierno y Marlaska a Interior, la mayoría de los mandos de la Guardia Civil de máxima responsabilidad han sido cesados y sustituidos por cargos de confianza del ejecutivo. Algo que ya había pasado también con la policía bajo la presidencia de Zapatero y Rubalcaba en el Ministerio.
La estrategia continuista de ambos gobiernos socialistas no solo supone un deterioro de la meritocracia profesional, sino que además levanta sospechas sobre posibles vínculos entre los cuerpos policiales y de seguridad del estado y el poder político.
Con esta operación llevada por Marlaska en la Guardia Civil, el régimen gana posicionamiento y se fortalece para posibles aventuras de cambio. Pero también se crea con este proceso un clima de incertidumbre entre los sectores más conservadores del partido socialista que observan como Sánchez, para complacer a sus socios de gobierno, está dispuesto a socavar los cimientos del orden constitucional y debilitar la integridad de la democracia, destruyendo instituciones históricas y concentrando en sus manos los tres poderes del Estado.
La desmilitarización de la guardia civil, un proyecto que siempre ha abanderado Pablos Iglesias en su programa político, no es una idea nueva. En 2004, unos meses antes de asumir la cartera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el gobierno de Zapatero, Jesús Caldera prometió en un acto multitudinario la “desmilitarización progresiva” de este un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar.
Un año más tarde, no pocos dirigentes socialistas mostraron su apoyo al informe “Demandas para la modernización de la Guardia Civil”, cuya reivindicación central era la desmovilización de esta institución bajo un modelo autoritario en el que el Poder Ejecutivo desarmara la independencia de los mandos superiores, a la vez que politizaba su cadena de mandos y sometía la voluntad de jueces y fiscales.
Es el mismo guión intervencionista que sigue utilizando el gobierno actual para reconfigurar las estructuras de la Guardia Civil y amoldarlas a los esquemas de la izquierda más ideologizada, saltándose la legalidad. Y para conseguir ese objetivo el ejecutivo ha llegado al punto de asfixiar económicamente a la Institución armada y desproteger jurídicamente a sus oficiales.
Si hay una cosa injustificable en la gestión de un gobierno es la falta de transparencia y de confianza. Después de este proceso arbitrario de depuraciones, los ciudadanos tienen la sensación de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están al servicio de la Constitución y del cumplimiento de la ley, sino del partido que gobierna, instrumentalizados como pantalla de defensa en el incompetente manejo de la gestión del gobierno.
En un Estado de derecho la policía ha de ser neutral, y su politización es una amenaza para las instituciones a las que rinden servicio.
Desde su llegada al poder, el tándem Sánchez-Iglesias —alentado por su mentor Zapatero— ha hecho de la degeneración del poder democrático y de la traición a la Constitución, una de sus prioridades. La colocación del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia augura nuevas purgas en la administración del Estado.
En beneficio de la democracia y de la separación de poderes, los españoles tienen derecho a saber las razones que se esconden detrás de estas decisiones del gobierno. La misma convicción democrática que los ha llevado a apoyar un cuerpo armado con 175 años al servicio de España, los legitima para exigir esas necesarias explicaciones
Las instituciones democráticas no pueden defenderse aceptando injerencias y coacciones arbitrarias que niegan sus principios.
Fuente: Panam Post.
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