Por Nehomar Hernández – gaceta.es
El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha arremetido este martes contra la Iglesia Católica en medio de un acto de oficiales de la Policía de Nicaragua, responsabilizando a la jerarquía eclesiástica de los baños de sangre producidos durante 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar en contra del régimen sandinista.
En su discurso, pronunciado en un acto de graduación de cadetes de la Academia de Policía Walter Mendoza, Ortega celebró el papel represivo desempeñado por los funcionarios que masacraron a cerca de 300 disidentes que pedían un cambio de Gobierno durante aquel año. En ese sentido destacó el rol de Ramón Avellán, un general de los cuerpos policiales que cobró protagonismo por encabezar los operativos represivos contra la oposición.
Lo más llamativo de la alocución del líder del régimen ha sido, sin lugar a dudas, el desparpajo con el que ha admitido su ensañamiento contra los religiosos del país centroamericano, a quienes calificó incluso de “fariseos”. «Los ataques eran en diferentes cuarteles todos los días y salían de algunos templos, no de todos, pero sí de algunos donde estaban los fariseos, los blanqueados», señaló en una parte de su discurso.
Desde hace meses Ortega ha elevado considerablemente su presión contra representantes de la Iglesia católica en el país, llegando al punto de expulsar del territorio nicaragüense a las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta. También ha ordenado la persecución abierta y el encarcelamiento de sacerdotes críticos del sistema, así como la cancelación de la personería jurídica de organizaciones vinculadas al mundo católico que hacen trabajo social en las comunidades más humildes de la nación.
Uno de los casos que más repercusión ha cobrado en la prensa internacional ha sido el del obispo de 56 años Rolando Álvarez, quien la semana pasada fue acusado por la Justicia sandinista de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. A la par de Álvarez la dictadura mantiene detenidos a cerca de una decena de religiosos actualmente.
Una vieja animadversión
La Iglesia Católica siempre ha sido crítica de Ortega. En julio 1986 el Gobierno sandinista desterró al obispo de Juigalpa, Pablo Antonio Vega, acusándole de apoyar a “La Contra”, el grupo que en aquella época hacía oposición armada al régimen. Incluso, desde ese entonces Ortega ha afirmado que los religiosos siempre apoyaron a la dictadura de la familia Somoza, el régimen que permaneció en el poder allí por más de 40 años y fue derrocado en 1979 por la revolución sandinista.
“Yo nunca les tuve respeto a los obispos, no podía creer en los obispos. Con algunos sacerdotes sí había acercamiento, eran la excepción los sacerdotes que tenían una práctica cristiana (…) Fíjense, la cúpula de la Iglesia Católica en Nicaragua, los obispos, todos eran somocistas. Predicaban el somocismo, en nombre de Dios santificaban el somocismo: sí, eran somocistas, y la mayor vergüenza”, precisó el tirano nicaragüense.
Es más, este martes el líder izquierdista también dejó entrever que su odio por los curas católicos tiene connotaciones familiares. En su discurso hizo referencia al caso de José Antonio Lezcano y Ortega, quien fue arzobispo de Managua, la capital nicaragüense, entre 1913 y 1952 y supuestamente fue tío-abuelo del dictador.
“Bueno, era el obispo, pero no podía respetarlo como autoridad religiosa, no podía ver en él la palabra de Cristo, por mucho que hablaran en nombre de Cristo. Sencillamente estaban blasfemando cada vez que hablaban en el nombre de Cristo”, afirmó Ortega, quien señala que su antepasado fue un abierto colaborador de la dictadura somocista.
Nicaragua se ha convertido en los últimos años en una muestra patente de cómo un régimen socialista puede violar sistemáticamente los derechos humanos de sus detractores, incluso asesinándolos y encarcelándolos sin reparar en consecuencia alguna. Sin embargo, en 2022 esta escalada represiva se ha llevado a otro plano; uno en el que la tiranía ha decidido enfilar directamente contra los religiosos para así crear sanciones ejemplarizantes que desmovilicen cualquier iniciativa opositora que amenace con producir un estallido popular.
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