Por Gabriela Moreno – Panampost.com
Las acusaciones constitucionales en el Congreso en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo, ascienden a 16. Cada una propone una resolución distinta sobre el destino del mandatario izquierdista que tiene un año sumergido en una crisis de gobernabilidad.
A la legisladora Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso, le corresponderá decidir cuáles de las denuncias contra el jefe de Estado procederán, por ser quien está al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde reposan los documentos que plantean desde la destitución y sanción hasta la investigación penal, divulga La República.
El congresista Edward Málaga figura como el diputado que ha presentado la causa más reciente contra Castillo por el uso del avión presidencial para transportar a su sobrino Fray Vásquez, quien está prófugo de la justicia.
La agenda parlamentaria de este lunes 3 de octubre abrirá con el debate sobre el avance o descarte de otra denuncia contra Pedro Castillo, presentada por el abogado Gonzalo Ortiz de Zeballos por presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, fuentes de financiamiento legalmente prohibidas y organización criminal, según precisa Perú 21.
Las acusaciones contra Castillo
La acusación que acapara la atención de la subcomisión está relacionada con la presunta traición a la patria cometida por Castillo por haber afirmado en una entrevista en CNN que consultaría al pueblo sobre dar mar a Bolivia. Según el medio peruano, por esta iniciativa proponen inhabilitar al presidente.
Sin embargo, la salida de Castillo por este hecho que consiste en «someter al país a dominación extranjera o hacer independiente una parte” tiene pocas probabilidades, aclara a La República el abogado constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica (PUCP).
El panorama es otro con las denuncias vinculadas con presuntas transgresiones a la Constitución. En caso de lograr acreditarse que Pedro Castillo la infringió, el Congreso puede sancionarlo con destitución, porque el mecanismo válido no es la vacancia sino el juicio político por infracción constitucional.
Sobre la denuncia por el uso del avión presidencial, esta quizá queda reducida a una acción sumaria. Este caso recibe ya algunas observaciones que plantean la censura del ministro a cargo de la gestión antes de pretender alegar infracción constitucional.
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