Por Gabriela Moreno – Panampost.com

El plan del procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, de limpiar la imagen del expresidente Evo Morales con una revisión de las actas de las elecciones generales de 2019 para intentar desmentir el resultado de la auditoria internacional que declaró que hubo fraude “no tiene ningún efecto”, asegura el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. Si Chávez pensó que lograría apoyo del ente comicial se equivocó.

Hassenteufel sostiene que “hay un principio de preclusión en el derecho electoral que establece que todos los actos anteriores, pasados, ya no se revisan y no hay vuelta atrás porque sería atentar contra ese principio”.

Sin embargo, señala que “todo ciudadano está en la posibilidad de consultar, buscar las actas que están al alcance de todos, de modo que, si el procurador o alguna otra autoridad tiene interés en revisar, lo puede hacer pero el Tribunal no tiene ninguna opinión”.

Un interés particular

El procurador tiene intereses con el proceso: “Desvirtuar la existencia de un fraude en las fallidas elecciones de 2019, como denunció la misión de observadores de la OEA y que provocó la renuncia y salida del país del entonces presidente Evo Morales”, publica El Deber.

Es así. El funcionario se desempeñó como delegado representante del partido de Evo Morales (Movimiento al Socialismo) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los comicios generales de 2020 y de ahí trepó al cargo que ahora ocupa.

Él dice que lo hace “por la verdad y justicia”, pero el abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo al medio que esa es una atribución exclusiva del TSE, mientras que la función del procurador es defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley, como establece el artículo 232 de la Carta Magna boliviana.

Chávez lo olvida e incurre en dos posibles delitos: «la usurpación de funciones e incumplimiento de deberes, porque no es su función el conteo de votos”.

Un show

Con una comitiva estudiantil, el procurador realiza el “análisis de las actas electorales”, divulga Página Siete.

Pero el especialista en asuntos electorales, Paul Antonio Coca, lo califica como un “show”, ya que esto “no está en sus atribuciones. La ley de la Procuraduría no establece estas facultades”. En criterio de Coca, la Procuraduría General del Estado debería ampararse en el veredicto emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano, como adujo Morales y el MAS para organizar un referéndum en febrero de 2016 y participar en las elecciones primarias y en las generales de 2019.

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