Fuente: Panampost.com
La marcha pautada para el 15 de noviembre contra la dictadura cubana sigue en pie, pese a que el régimen prohibió que se llevara a cabo, tras calificarla como «ilícita» y «una provocación» por pedir cambios políticos en la isla. Los activistas anunciaron este miércoles que la convocatoria se mantiene.
Yunior García Aguilera, fundador de esa iniciativa ciudadana inédita en 60 años, declaró a EFE que «nuestra decisión es que vamos a marchar. No estamos convocando. Nosotros vamos a marchar y los que quieran que se sumen».
La dictadura negó el permiso para realizar la marcha al calificarla de «ilícita» y argumentó que la solicitud de la plataforma virtual Archipiélago es «una provocación» como parte de la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba «ensayada en otros países».
El joven dramaturgo respondió hoy que los miembros de Archipiélago no han podido reunirse para emitir una declaración conjunta, pero reafirmó la decisión de marchar el día 15 de noviembre.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas, aseguró que le han cortado los servicios de Internet y telefonía fija en su casa en un intento de silenciar sus reivindicaciones.
La propia plataforma denunció en su cuenta en Twitter la detención de su moderadora Daniela Rojo, la cruzada en la prensa estatal contra García Aguilera y mensajes filtrados que circulan en Internet para evitar que se sumen más personas a la convocatoria.
La dictadura apunta a Washington
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones.
El régimen cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE. UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
En el editorial de hoy del diario oficialista Granma, la tiranía vincula a los promotores de la marcha pacífica con «cabecillas contrarrevolucionarios» de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un «cambio de régimen» y una «intervención militar».
«El imperio pone dinero y expectativas en los anexionistas formados por ellos, quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país», asegura el órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).
El rotativo mencionó «entre los más fervientes partidarios» de lo que considera una «provocación» a congresistas como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
La chispa que encendió la llama
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto que difiera de la línea impuesta por la dictadura.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.
La respuesta del régimen recibió críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Unión Europea y Estados Unidos, al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales adecuadas para los detenidos, entre otras irregularidades.
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