Por Dr Eduardo Angel Yahbes (M.N. 30.301) – a través de La Prensa
Me dirijo a la sociedad en general y a los profesionales en particular para manifestar mi parecer luego de estudiar junto a otros colegas, la problemática sanitaria y las políticas implementadas para superarla, desde el inicio de la declaración de esta “pandemia covid- 19”.
No es necesario ser un experto para reconocer que esas políticas tuvieron deplorables resultados, y que jamás se cuestionaron ni se convocó a otros científicos para mejorarlas. Tampoco se respondió a los interrogantes planteados por numerosos profesionales tanto en el país como en el extranjero, que analizan esta problemática sanitaria con diferente criterio.
Incluso han censurado, perseguido y amenazado desde varios medios, incluido el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas a quienes manifestamos otras visiones desde el punto de vista científico.
No se han investigado e incluso se han prohibido otras terapias, que evidenciaron su efectividad. Persistiendo en protocolos que no encaran la fisiopatología de este síndrome covid-19 de manera adecuada.
Se han impuesto confinamientos a personas sanas conculcando sus derechos y libertades, lo que no tiene precedente incluso en pandemias de mucha mayor intensidad.
Se dispone el uso obligatorio de tapabocas que sólo deberían estar indicados en determinadas circunstancias. Se conoce el perjuicio de su uso irracional y anticientífico.
PCR SÍ, AUTOPSIAS NO
Se utiliza una prueba (PCR) como determinante del diagnóstico de enfermedad, cuando sólo es una prueba de detección genética, que no tiene valor si no hay síntomas de enfermedad y cuyos resultados incrementan artificialmente el número de enfermos y de muertes que se le atribuyen. Para colmo, no se permite realizar autopsias salvo denuncia penal, que podrían revelar las características y causalidades del proceso mórbido.
Se insiste por otro lado con aplicar una falsa vacuna contra un virus que no ha sido aislado, cultivado ni secuenciado de ningún enfermo o fallecido con diagnóstico de covid-19, la cual no debería aplicarse sin el consentimiento libre e informado, y no debería comercializarse por estar en etapa experimental. De manera que el costo lo pagan los voluntarios que se exponen a ella, a través del Estado. Como es convencional en todas las experimentaciones los laboratorios deberían asumir sus propios costos, hasta demostrar su efectividad y seguridad.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión que estas políticas no tienen como finalidad preservar la salud ni la economía de la población argentina. Y por lo tanto deberían dar explicaciones de cuál es el objetivo real de todo esto y quién o quiénes lo han decidido.
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