Fuente: La Gaceta de la Iberoesfera
Las protestas antigubernamentales en Colombia se intensificarán en el segundo semestre «si el Gobierno o el Congreso no solucionan las demandas económicas y sociales» del ilegítimo Comité Nacional del Paro, dijo el jueves un líder sindical.
Colombia enfrentó desde finales de abril protestas izquierdistas contra el Gobierno del presidente Iván Duque que se desbordaron y terminaron en saqueos, actos de vandalismo, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Las manifestaciones, las más largas y violentas en la historia reciente del país, comenzaron el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos que fue retirado por el Gobierno y que provocó la renuncia del entonces ministro de Hacienda.
Pero los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial.
«Gran paro nacional en el segundo semestre. Por su puesto que será de mayores proporciones porque los ciudadanos han entendido que es mediante la unidad y la movilización pacífica que podemos lograr cambios en este país», dijo en una entrevista con Reuters Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrante del Comité Nacional de Paro.
A mediados de junio los líderes de las protestas que integran el Comité Nacional de Paro suspendieron temporalmente las concentraciones y movilizaciones mientras avanzan en la redacción de proyectos de ley que presentarán al Congreso en el periodo de sesiones que comienza el 20 de julio para satisfacer sus demandas económicas y sociales.
«El próximo paro nacional, si no solucionan el presidente y el Congreso las necesidades de los colombianos, por supuesto que será más fuerte, más contundente, más prolongado que el paro pasado que empezó el 28 de abril», advirtió Maltés.
Dispuestos al diálogo
Aunque casi todos los bloqueos de carreteras se levantaron a través de negociaciones o la intervención de las Fuerzas Armadas, las protestas de cientos de jóvenes continúan en ciudades como Bogotá, en donde dos personas murieron esta semana en medio de enfrentamientos con la policía.
Hasta el momento la Fiscalía General ha confirmado 24 muertes en medio de las manifestaciones, mientras que verifica la relación de 11 más con las protestas.
El sindicalista dijo que están dispuestos a reanudar los diálogos con el Gobierno suspendidos unilateralmente por los líderes de las protestas si se firma un documento que establece garantías para la protesta social y se deroga un decreto que autoriza la militarización de ciudades.
Maltés rechazó las acusaciones de líderes políticos y gremiales que sostienen que el aumento de la inflación, del desempleo, de los contagios y de las muertes por covid-19 es producto de las movilizaciones como parte de las protestas y acusó al Gobierno por un mal manejo de las políticas económicas y sociales, así como de iniciar tarde la vacunación.
Los bloqueos provocaron alzas en los precios y escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país de 50 millones de habitantes. El Ministerio de Hacienda calculó recientemente que las pérdidas por las protestas superan los 3.000 millones de dólares.
Maltés dijo que las protestas no tienen motivaciones electorales para los comicios legislativos y presidenciales de 2022, ni pretenden presionar una caída del Gobierno, sino solucionar problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de los colombianos.
«Estamos hablando de cambiar las políticas, no de tumbar al presidente», concluyó.
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