Fuente: La Gaceta
Por Karina Mariani
El viernes pasado, el presidente argentino, Javier Milei, anunció que lo que había trascendido sobre una campaña rusa de influencia en medios argentinos representaba, en sus propias palabras, una «gravedad institucional pocas veces vista en la historia». En el mismo mensaje prometió llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores involucrados en una red de espionaje ilegal. Pocas horas después, la Embajada de Rusia en Buenos Aires respondió descartando las acusaciones como una narrativa fabricada. El canciller Pablo Quirno cerró la secuencia remitiendo el caso a la Justicia argentina.
La escalada diplomática entre Moscú y Argentina es un capítulo más de un sistema de interferencia subterránea que lleva años perfeccionándose. Un consorcio internacional de medios de investigación accedió a 76 documentos internos compuestos por miles de páginas que describen una entidad que se autodenomina «La Compañía». Esos documentos son la pieza central del escándalo que sacudió al gobierno argentino en los últimos días.
Para entender qué es La Compañía, hay que retroceder más de una década, cuando el empresario ruso Yevgeny Prigozhin comenzó a construir el Grupo Wagner, inicialmente concebido como una fuerza paramilitar que operaba en apoyo de las milicias separatistas en el Donbás ucraniano. Con los años, Wagner se transformó, también, en el brazo propagandístico del Kremlin fuera de sus fronteras: combatió en Asia y África y construyó una red de desinformación que sembró narrativas pro-rusas desde Mali hasta Madagascar.
Pero el romance de Prigozhin y Putin se terminó en 2023, cuando el primero se amotinó contra el segundo e intentó marchar con sus tropas sobre Moscú. El levantamiento duró apenas horas y culminó en una tregua cuyo cierre definitivo tuvo lugar tras la muerte de Prigozhin en uno de los tantos accidentes que suelen ocurrirle a la gente que se enfrenta al mandatario ruso. Sin embargo, su organización no desapareció: los informes sostienen que la inteligencia militar rusa se hizo cargo de sus hombres y operaciones.
Según las investigaciones de Forbidden Stories y de otros socios como openDemocracy, Dossier Center o Filtraleaks, «La Compañía» opera con un presupuesto millonario y sus agentes colocan miles de artículos en medios de distintos países. Sus agentes se despliegan desde San Petersburgo hacia África, Asia o América Latina. Argentina ha sido uno de los países donde más dinero se habría invertido en propaganda luego de la asunción de Milei.
La elección de Argentina como objetivo prioritario no fue casual. Cuando Javier Milei recién asumía la presidencia, Volodimir Zelenski estuvo presente en la ceremonia de inauguración, y pocos meses después Argentina se incorporó al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania, una señal de alineamiento político indigerible para Moscú. Estas circunstancias crearon el caldo de cultivo para la campaña contra el libertario.
De todas maneras, Argentina no fue el único objetivo en Hispanoamérica. En julio de 2024, un grupo de agentes fueron enviados a Bolivia para terciar a favor del entonces presidente Luis Arce en medio de sus tensiones internas con su ex mentor y luego enemigo político Evo Morales. La misión tenía como objetivo ayudar a Arce a retomar el control de la narrativa y fortalecer su posición electoral, dado que su gobierno era considerado cercano a los intereses rusos. En Venezuela, la red operó para mejorar la percepción de Nicolás Maduro tras el fraude que el ex dictador perpetró en las elecciones presidenciales de ese año. En todos los casos, el patrón era el mismo: proteger a los gobiernos afines a Moscú y erosionar a los que se alineaban con Occidente.
La operación argentina: dinero, fantasmas y guerra híbrida
Según los documentos filtrados, La Compañía comenzó su campaña argentina a comienzos de 2024 con múltiples líneas de acción simultáneas: una campaña mediática paga, operaciones en redes sociales, análisis de inteligencia sobre el complejo militar-industrial argentino y los recursos petroleros en la Antártida, presión legislativa para cuestionar la adhesión argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania, y apoyo encubierto a candidatos opositores de cara a las elecciones legislativas de 2025.
El tema que generó mayor escándalo fue la red de distribución de contenidos mediáticos. Los informes hablan de cientos de artículos publicados en más de 20 medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto que supera el cuarto de millón de dólares. Los montos asignados por artículo, de entre 350 y 3.100 dólares, resultan llamativos por exceder con creces las tarifas habituales del mercado.
Los medios señalados en la filtración incluyen desde medios masivos como Infobae (2 artículos), Ámbito (8), C5N (17) y A24 (10), hasta sitios de menor volumen como Realpolitik (20), El Destape (27), Diario Registrado (26) y Diario Con Vos (37), entre otros. El consorcio de periodistas contactó a algunos representantes de estos medios. Desde ya que nadie reconoció haber recibido «pagos de agentes rusos» pero lo curioso es que aceptaron que desconocían la identidad de los autores de los artículos y se desentendieron de sus contenidos aduciendo que se trataba de contenido que les llegaba a través de figuras intermediarias como prenseros, consultoras o agencias.
Además del gasto en contenidos, los presupuestos de La Compañía registran otros sumas significativas destinadas a tareas de inteligencia en territorio argentino, reuniones con partidos políticos y sindicatos, encuestas y perfiles de líderes. Una extensa red de cuentas en Instagram, X y YouTube aparecen en los documentos como receptoras de aportes monetarios, junto a cuatro pagos de 4.000 dólares catalogados como «transmisión en la tv argentina».
La operación usó sistemáticamente identidades falsas. El consorcio identificó periodistas inexistentes cuyos nombres aparecen firmando artículos en los medios mencionados. Uno de estos casos es el de Manuel Godsin, que aparece con un doctorado apócrifo de la Universidad de Bergen y vinculado a un inexistente Centro de Estudios Políticos y Estratégicos. Este periodista inventado ya había sido expuesto como un perfil utilizado para diseminar desinformación pro-rusa. La fotografía que usan es de un ciudadano ruso llamado Mikhail Malyarov.
Otros casos de perfiles falsos son, por ejemplo, el de Gabriel Di Taranto que firma 20 artículos repartidos entre Diario Registrado, C5N y Ámbito. La Universidad Nacional de Avellaneda, de la que decía tener un posgrado en comunicación política, negó que la persona esté registrada en la institución. Su rostro fue generado mediante software de Nvidia. En cambio, el otro periodista falso, Juan Carlos López, tiene su fotografía en un banco de imágenes y aparece asociado a distintos nombres en perfiles de redes sociales. Marcelo Lopreiatto, otro perfil inventado, firma 12 artículos y tiene su cara también creada por inteligencia artificial.
Para entender el peligro que representan este tipo de campañas, sirve echar un ojo a uno de los ejemplos paradigmáticos: en agosto de 2024, El Destape publicó una historia sobre tres supuestos argentinos detenidos en Chile por planear un atentado contra un gasoducto, con la connivencia del Gobierno de Milei y a pedido de Estados Unidos. El relato incluía detalles precisos: la ministra de Defensa chilena habría viajado a la zona de Ñuble para inspeccionar la infraestructura, y el viaje de Milei a una conferencia de gas ese mes habría sido en realidad una reunión secreta con Gabriel Boric para negociar la liberación de los detenidos.
Todo era falso.
No hubo detenidos, el gasoducto no está en Ñuble, la ministra no viajó. Un documento interno de La Compañía lo presenta como una operación para «crear tensión entre Argentina y Chile». El Destape optó por no hacer declaraciones pero retiró los artículos de su sitio web.
La denuncia del consorcio periodístico describe también un proyecto denominado «Argentina no necesita una guerra extranjera» que incluyó la pintada de casi una centena de graffitis en Buenos Aires y el colgado de pancartas y banderas en distintos puntos de la ciudad. La dimensión de la operación cobra mayor gravedad con acciones totalmente insólitas y descontextualizadas. Por ejemplo, durante un partido por la Copa Argentina, fanáticos de uno de los equipos desplegaron una bandera de más de veinte metros con la frase «Sí al fútbol, no a la guerra», flanqueada por una bandera argentina y otra ucraniana tachada con una gran cruz negra.
El Gobierno argentino ya estaba al tanto de la existencia de estas maniobras de espionaje y desinformación. En junio de 2025, la Administración Milei anunció que su oficina de Inteligencia había detectado a un grupo de ciudadanos rusos residentes en el país que realizaban tareas sospechosas vinculadas a intereses geopolíticos de Moscú e identificó a esa red como La Compañía y la vinculó al denominado Proyecto Lakhta, la plataforma de injerencia política internacional creada por Prigozhin en 2013 y utilizada originalmente para interferir en las elecciones norteamericanas.
Dos personas fueron señaladas como líderes locales de la red: Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko. Sus fotografías circularon en medios. Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que investigó el caso, la pareja abandonó el país rumbo a San Petersburgo días después de la divulgación de sus identidades, pero regresaron en octubre de 2025, momento en el que se les habría abierto una causa penal. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que había sido alertada sobre la campaña por comunicaciones de inteligencia con Estados Unidos, en las que participó la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana Kristi Noem. Según Bullrich, Noem no mencionó a La Compañía por nombre, pero sí hizo referencia a pagos a medios y periodistas.
La reciente publicación coordinada de los materiales filtrados encendió la mecha de una nueva escalada. Milei reaccionó con celeridad en un mensaje en el que sostuvo que los datos de los medios involucrados eran sólo «la punta del iceberg» de algo mucho más grande. La respuesta rusa llegó horas después mediante el canal oficial de la embajada en Buenos Aires. El comunicado, en un tono de falsa la indignación, describió las publicaciones como una «historia inflada artificialmente» ya descartada en junio de 2025, y afirmó que no existían «hechos ni pruebas» que sostuvieran las acusaciones. Finalmente, la sede diplomática acusó solapadamente al gobierno argentino de desear enturbiar las relaciones bilaterales.
El canciller argentino, Pablo Quirno, puso fin al intercambio de mensajes públicos con uno propio en el que anunciaba que se había remitido el expediente a la Justicia argentina dejando claro que las afirmaciones del gobierno ruso de que la cuestión se había cerrado el año pasado no corrían y que Argentina no está dispuesta a archivar el asunto.
Antes de que cerrara el día, el escándalo adquirió una nueva dimensión cuando el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal por averiguación de ilícito, solicitando que se investigue la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en Argentina, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia. La presentación tuvo como disparador un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado fechado el 2 de abril de 2026, previo a la tormenta diplomático-mediática, en el que ya se informaba a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de La Compañía. Para Monastersky, ese antecedente institucional era clave. La denuncia apunta a que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada con financiamiento extranjero pudieran incidir directamente en los votantes durante períodos electorales, afectando la integridad del sistema democrático.
Lo que ocurre en Argentina no puede leerse como un fenómeno aislado. Las denuncias revelan un sistema de influencia que opera en decenas de países, con métodos estandarizados y replicables. El modelo se perfeccionó en África donde Wagner pagó a periodistas locales para la creación de medios digitales afines, organización de protestas antioccidentales, construcción de redes de agentes de influencia. Desde allí, la metodología se exportó.
En el Sahel, los documentos muestran cómo La Compañía reclutó periodistas, infiltró ONGs y movilizó figuras públicas. En Sudáfrica, agentes de la red se reunieron con dirigentes del Congreso Nacional Africano, que agradeció la asistencia rusa para diversos procesos electorales. En Namibia y Madagascar se desarrollaron operaciones similares. Según el consorcio periodístico, hasta hace dos años la red tenía una centena de agentes activos que incluyen, además de periodistas, analistas, consultores políticos y gestores de medios que coordinaban las campañas con patrones similares: colocación de artículos a precios inflados respecto de los mercados locales, apoyo a influencers en redes sociales, contratación de grafiteros y organizadores de movilizaciones, y, en casos más sofisticados, acceso a procesos electorales y a figuras políticas de alto rango.
La naturaleza del mecanismo, no obstante, pone de manifiesto la facilidad con la que pueden colarse informaciones falsas en los medios masivos que demandan gran volumen de contenidos y que son incapaces de filtrar operaciones políticas o generar una visión crítica y propia de los que les brindan las agencias y equipos prenseros altamente ideologizados. Es posible que jamás se llegue a saber cuántos de los artículos prefabricados por las usinas antioccidentales fueron efectivamente pagados y cuántos fueron simplemente recogidos de fuentes disponibles en internet y refritos.
Lo que sí queda claro es que la guerra de la información es real y demanda actitudes de responsabilidad profesional, que eviten la sempiterna demanda de regulación y censura, y avancen a la comprensión de los sistemas tecnológicos cuya evolución no se va a detener. También demuestra, y esto es fundamental para poner en ridículo la infantilizada tendencia aislacionista de muchas corrientes políticas a izquierda y derecha, que no hay distancia para el tablero geopolítico, y que lo que ocurre en cualquier país influye de forma significativa en el resto del planeta. Los enemigos de Occidente lo saben, por eso despliegan operaciones en remotos países de cualquier continente, haciéndose fuertes en un campo de Marte que no tiene reglas ni coordenadas.
