Fuente: La Gaceta
Por Rebeca Crespo
El régimen talibán ha comenzado a aplicar un nuevo Código de Conducta para sus tribunales penales en Afganistán, un texto que regula la administración de justicia conforme a su interpretación del islam. La organización de derechos humanos Rawadari ha alertado en un comunicado de las graves consecuencias de estas normas, ya distribuidas entre los tribunales del país, por su colisión directa con los principios más elementales del derecho internacional y de la dignidad humana.
El documento, estructurado en 15 capítulos y 119 artículos, no se limita a ordenar el funcionamiento interno de los tribunales, sino que consolida un sistema judicial basado en la desigualdad legal, la violencia institucional y la arbitrariedad religiosa. Entre sus disposiciones más graves figura el reconocimiento explícito de la división entre personas «libres» y «esclavas», tratadas como categorías jurídicas válidas dentro del orden penal talibán.
La esclavitud como base legal del sistema
Rawadari subraya que el código incorpora de forma expresa los conceptos de «libre» y «esclavo», no como referencias teóricas, sino como condiciones legales con efectos directos en la imposición de penas. El mismo delito puede recibir castigos distintos en función del estatus social de la persona acusada, lo que elimina cualquier atisbo de igualdad ante la ley.
Esta distinción supone una normalización legal de la esclavitud, una práctica prohibida de forma absoluta por el derecho internacional. El islam político del Talibán recupera así una estructura jurídica premoderna, en la que la condición humana queda subordinada a una interpretación religiosa que legitima la deshumanización.
Castigos corporales y justicia sin garantías
El código amplía y consolida el uso de castigos físicos, incluidos azotes y otras penas corporales, sin definir límites claros ni mecanismos de control independientes. Estas sanciones pueden imponerse sin procesos judiciales garantistas, sin derecho efectivo a la defensa y sin órganos imparciales.
Rawadari denuncia que el texto elimina principios básicos como la presunción de inocencia o la proporcionalidad de las penas, convirtiendo la justicia en un instrumento de control ideológico al servicio del régimen talibán y de su interpretación del islam.
Legalización encubierta del abuso infantil
Uno de los aspectos más alarmantes del código es su impacto directo sobre menores. El texto permite que un padre autorice el matrimonio de una niña menor de edad con el argumento de «evitar el pecado», una fórmula que Rawadari identifica como una legalización encubierta del abuso sexual infantil bajo cobertura religiosa.
Al negar el consentimiento de la menor y amparar estas uniones dentro del marco legal, el sistema talibán convierte en lícitas prácticas que constituyen violencia sexual contra niñas. A ello se suma la ausencia de protección específica para menores frente a la violencia física, tanto en el ámbito familiar como judicial.
El código no establece salvaguardias reales para los niños, ni reconoce su especial vulnerabilidad, dejándolos expuestos a castigos corporales y abusos sin mecanismos de defensa efectivos.
Mujeres sin amparo legal
La situación de las mujeres queda igualmente agravada. El documento reduce la protección frente a la violencia doméstica y sexual, tolera el castigo físico dentro del entorno familiar y condiciona la responsabilidad penal del agresor a la capacidad probatoria de la víctima.
Rawadari advierte de que estas disposiciones consolidan un sistema en el que la violencia contra la mujer no sólo queda impune, sino que recibe respaldo legal cuando se ejerce conforme a los parámetros del islam impuesto por el régimen.
El código también penaliza la crítica al Talibán mediante conceptos ambiguos como «ofensa», «corrupción moral» o «desobediencia», lo que permite la persecución de la disidencia política y religiosa. Las minorías no alineadas con la interpretación oficial del islam quedan expuestas a detenciones arbitrarias y castigos sin garantías.
El islam político como herramienta de sometimiento
Rawadari concluye que el Código de Conducta de los tribunales penales talibanes vulnera de forma sistemática la prohibición de la esclavitud, la tortura y los tratos degradantes. No se trata de abusos aislados, sino de un sistema jurídico coherente con la ideología del régimen, en el que la violencia, la desigualdad y la negación de la infancia forman parte del orden legal.
Mientras parte de la comunidad internacional sigue avanzando hacia la normalización del régimen de Kabul, el Talibán consolida una justicia basada en el islam político, donde la ley deja de proteger al individuo y se convierte en una herramienta de sometimiento, especialmente contra mujeres, niños y cualquier voz crítica.
