Fuente: La Gaceta
Por Unai Cano
Los agricultores franceses han vuelto a tomar las calles y las carreteras con sus tractores, provocando un nuevo estallido de protestas que vuelve a paralizar amplias zonas del país en pleno invierno. La movilización, que recuerda por su intensidad a las grandes revueltas agrarias de 2024, responde esta vez a una combinación explosiva de decisiones sanitarias, presión económica y rechazo frontal a las políticas agrarias europeas, que el sector considera letales para la supervivencia del campo.
El detonante inmediato ha sido la aplicación obligatoria de sacrificios masivos de ganado por la enfermedad de la piel nodular contagiosa (CND), una patología vírica detectada en Francia desde junio de 2025. Las normas europeas imponen la eliminación completa de los rebaños afectados, incluso cuando solo se detecta un único animal infectado. Hasta el 9 de diciembre, el Ministerio de Agricultura contabilizaba 109 focos activos en el país, lo que ha desencadenado una respuesta social sin precedentes en las zonas rurales.
Los sindicatos agrarios denuncian que estas medidas son desproporcionadas y contraproducentes. En varios casos recientes, aseguran que se ha ordenado el sacrificio de más de 200 reses por un solo positivo. Frente a esta política, reclaman una vacunación inmediata y generalizada, una opción que el Gobierno ha descartado parcialmente, limitándose a establecer perímetros de restricción de 50 kilómetros y campañas de inmunización muy reducidas. En departamentos como Ariège, apenas se ha vacunado una fracción mínima del ganado disponible.
Sin embargo, la cólera del campo va mucho más allá de la gestión sanitaria. Los manifestantes vinculan esta crisis a un malestar profundo con la Política Agrícola Común de la Unión Europea, a la que acusan de beneficiar sistemáticamente a grandes grupos agroindustriales mientras hunde a las explotaciones familiares bajo una avalancha de exigencias medioambientales, costes energéticos desbordados y restricciones hídricas cada vez más severas.
En este contexto, el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, pendiente de debate en el Parlamento Europeo a mediados de diciembre, se ha convertido en uno de los principales blancos de las protestas. Los agricultores franceses temen una avalancha de importaciones baratas procedentes de Iberoamérica, producidas bajo estándares sanitarios y laborales más laxos, lo que, a su juicio, supondría la sentencia definitiva para el mercado local y la ganadería tradicional.
Las cifras que manejan las organizaciones agrarias refuerzan el dramatismo del escenario. Cerca del 10% de las explotaciones estaría al borde de la quiebra, y tres de cada cuatro agricultores reconocen atravesar graves dificultades económicas tras años de movilizaciones sin respuestas estructurales. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, se ha convertido en un blanco directo de las críticas, acusada por los sindicatos de agravar la crisis en lugar de contenerla.
Las acciones de protesta se han multiplicado por todo el territorio, con especial intensidad en el suroeste del país, donde la CND ha tenido mayor impacto. En ciudades como Agen, decenas de tractores tomaron el centro urbano durante la noche, vertiendo estiércol, neumáticos y paja frente a edificios oficiales en un gesto simbólico de rechazo a las políticas gubernamentales. En Ariège, cientos de agricultores bloquearon el acceso a explotaciones para impedir la eutanasia de rebaños completos, lo que derivó en enfrentamientos con la gendarmería y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
