Fuente : La Gaceta
Por Unai Cano
Nuevo golpe de Bruselas y Ursula von der Leyen a la libertad de los europeos. En esta ocasión, la presidenta de la Comisión vuelve a situarse en el centro del debate político con la propuesta conocida como Control del Chat, un proyecto regulatorio que permitiría a Bruselas acceder de manera sistemática a las comunicaciones privadas que millones de ciudadanos mantienen cada día a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Signal o Messenger. Bajo el argumento de combatir el abuso infantil en línea, la medida abriría la puerta a un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en la historia de la Unión Europea.
El plan, cuya votación en el Consejo Europeo estaba prevista para el 14 de octubre de 2025 —aunque finalmente se pospuso—, obliga a las plataformas de mensajería a escanear automáticamente todos los mensajes, imágenes y archivos enviados por los usuarios. Para los críticos, esto equivale a eliminar el cifrado de extremo a extremo y convertir los teléfonos móviles en terminales completamente visibles para las autoridades. Alemania frenó temporalmente el avance del reglamento, rompiendo el bloque favorable liderado por Francia, pero el debate sigue vivo y será reactivado en cualquier momento.
Las implicaciones técnicas del proyecto son profundas. Expertos en ciberseguridad advierten de que introducir puertas traseras en el cifrado no sólo permitiría el acceso estatal, sino que también ampliaría la superficie de ataque para hackers, delincuentes digitales y redes de ransomware. Romper la seguridad de la comunicación privada de los europeos no haría más difícil la vida a los criminales, que pueden utilizar VPN, TOR o aplicaciones alternativas, pero sí dejaría desprotegido al usuario común.
El impacto jurídico tampoco es menor. El escaneo indiscriminado de todas las comunicaciones vulnera principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia y la proporcionalidad. Según el RGPD y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cualquier tratamiento de datos debe ser necesario y justificado. Sin embargo, el Control del Chat convierte a toda la población en sujeto de vigilancia preventiva, sin sospecha individual y sin límites claros sobre cómo se almacenarán o utilizarán esos datos.
A ello se suma un aspecto especialmente polémico: según el borrador filtrado, las comunicaciones oficiales de los gobiernos quedarían exentas del sistema de control. Mientras los ciudadanos verían sus conversaciones inspeccionadas de forma continua, las autoridades disfrutarían de una privacidad blindada. Para los detractores, esto constituye un doble rasero inaceptable y un golpe a la confianza democrática.
Más allá del contenido técnico, la propuesta encaja en un patrón más amplio: el creciente impulso centralizador de Bruselas. La Comisión busca ampliar su poder sobre sectores cada vez más sensibles —la economía, los medios de comunicación y ahora también la esfera íntima de la vida digital— mediante mecanismos de control que trascienden las competencias nacionales. El acceso directo a los datos personales de millones de europeos otorgaría a las instituciones comunitarias un nivel de influencia sin precedentes.
Los defensores de la privacidad alertan de que Europa se encuentra ante una encrucijada histórica: optar entre un modelo de sociedad abierta, descentralizada y respetuosa con los derechos civiles, u otro más rígido, tecnocrático y vigilado, donde Bruselas observe cada conversación tras la pantalla. Aunque el proyecto permanece bloqueado por ahora, su eventual aprobación tendría consecuencias profundas para el futuro de la libertad digital en el continente.
