Fuente: La Gaceta
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han intensificado sus esfuerzos para implantar una moneda digital paneuropea, el «euro digital». Esto ha encendido las alarmas por su impacto en los derechos fundamentales y en la soberanía financiera de los europeos. Aunque la propaganda oficial la ha presentado como un avance en eficiencia y modernización, el euro digital se ha revelado como una herramienta para instaurar un modelo de control sin precedentes.
La ofensiva se inició en octubre de 2020, cuando el BCE anunció su intención de estudiar la creación de un euro digital. Desde entonces, el proceso ha avanzado a pesar de las señales de desconfianza por parte de los ciudadanos. En una consulta pública celebrada entre octubre de 2020 y abril de 2021, el 43% de los participantes ha identificado la privacidad como su mayor preocupación, muy por encima de la seguridad o la inclusión financiera. No obstante, el BCE ha seguido adelante con su hoja de ruta, ignorando ese rechazo latente.
En esta estrategia, el BCE se ha aliado con grandes corporaciones tecnológicas y financieras, entre ellas Amazon, CaixaBank y Nexi, para desarrollar prototipos y definir los usos del euro digital. Este diseño, centrado en la trazabilidad y supervisión de las transacciones, ha consolidado un modelo que prioriza el control sobre la privacidad. El 18 de octubre de 2023, el proyecto ha pasado a fase de preparación, con pruebas técnicas adicionales y la selección de proveedores tecnológicos, mientras el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han comenzado a perfilar el marco legal.
La Comisión Europea presentó en junio de 2023 dos propuestas legislativas clave: una para regular el euro digital y otra para preservar, al menos formalmente, el uso del dinero en efectivo. El reglamento principal ha definido el euro digital como moneda de curso legal, de uso gratuito para operaciones básicas, distribuido a través de bancos y proveedores de servicios de pago. Sin embargo, ha eliminado cualquier posibilidad de anonimato, bajo el pretexto de prevenir el blanqueo de capitales.
Los comercios estarán obligados a aceptar pagos en euros digitales, con excepciones mínimas. Aunque se afirma que coexistirá con el efectivo, se ha dejado claro que esa convivencia dependerá de decisiones futuras. Además, se han introducido límites a la tenencia de euros digitales, no por razones técnicas o operativas, sino para evitar la fuga de depósitos y proteger la banca tradicional. Es decir, la prioridad no ha sido el ciudadano, sino el control central sobre el ahorro y el consumo.
El segundo reglamento, centrado en garantizar la continuidad del efectivo, ha buscado apaciguar a la opinión pública, pero no ha garantizado que el euro digital no termine desplazándolo. La posibilidad de que esta nueva forma de dinero se convierta en la única aceptada en la eurozona ha quedado abierta.
Ante esta situación, VOX ha denunciado que el euro digital es innecesario y peligroso. Plataformas privadas como Bizum (España) o Bancontact (Bélgica) ya permiten pagos instantáneos, seguros y sin intervención estatal. Para la formación, este proyecto no ha respondido a una demanda ciudadana, sino al interés de las instituciones europeas por aumentar su capacidad de control sobre la vida económica de cada individuo.
Como respuesta, VOX ha lanzado la campaña audiovisual «Euro digital 2045: la puerta abierta al control«, que muestra situaciones donde los pagos son bloqueados por motivos de salud, el consumo se limita por razones medioambientales, y las donaciones religiosas son rastreadas o directamente vetadas. Todo, bajo una apariencia de sostenibilidad y eficiencia tecnológica.
«Les has dado la herramienta para que controlen tus pagos. No confío en Ursula. Hay que parar el euro digital», ha advertido Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo.
Por ello, VOX ha exigido que cualquier intento de sustituir el dinero en efectivo se someta a referéndum en todos los Estados miembros. Además, ha anunciado nuevas iniciativas en el Parlamento Europeo para salvaguardar la privacidad financiera, defender el uso del efectivo y frenar la llamada Agenda 2045. «Si se aprueba el euro digital será el fin de tu libertad, privacidad y soberanía. No es sólo un medio de pago nuevo, es la herramienta para que Bruselas, Von der Leyen y las élites controlen tus datos, sin intermediarios, ni siquiera bancos privados», ha concluido.
