Por Horacio Fernando Giusto Vaudagna – GateWayHispanic.com
El 29 de septiembre de 2025, Xi Jinping instruyó a los líderes políticos de China —en particular, a la sesión plenaria del Politburó del Partido Comunista Chino— que todas las religiones oficialmente reconocidas debían adaptarse plenamente a la “sociedad socialista con características chinas” y que sus doctrinas, rituales, códigos de conducta y costumbres debían “ hacer eco de las características chinas ” para servir a la “armonía social, la estabilidad nacional y el patriotismo”.
Aunque esta medida apunta oficialmente a las cinco religiones reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo), en la práctica se ha aplicado mediante la represión, la vigilancia y la tortura de quienes se resisten o pertenecen a la llamada “Iglesia subterránea”.
Por ejemplo, en febrero de 2024, un sacerdote recibió una multa cuantiosa por celebrar misa en público. En marzo de 2024, fue detenido durante una semana por negarse a pagar la multa y posteriormente arrestado antes de Semana Santa para impedir que influyera en los fieles.
En julio de 2024, las autoridades intentaron obligarlo a someterse al control de la Asociación Católica Patriótica China , dependiente del PCCh, mediante amenazas y detenciones de clérigos y laicos. Se desconoce el paradero de muchos católicos de la Iglesia clandestina, incluidos obispos.
La renovación en 2024 del acuerdo entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos no ha alterado ninguna de estas medidas de control”.
La sinización religiosa ya no es una mera política de integración cultural, sino un instrumento clave del totalitarismo, cuyo objetivo es romper toda forma de resistencia. Para la Iglesia católica, plantea un dilema existencial: adaptar doctrinas y estructuras bajo control estatal o permanecer fiel a Roma, incluso a costa de la persecución.
Al abordar este escenario, vale la pena considerar otro elemento crucial: los llamados acuerdos secretos o provisionales entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, que plantean importantes cuestiones.
En septiembre de 2018, la Santa Sede y el gobierno chino firmaron un “acuerdo provisional ” (oficialmente relativo al nombramiento de obispos), cuyo texto nunca se hizo público.
Según diversas fuentes, este pacto permite al gobierno chino proponer candidatos para nombramientos episcopales, mientras otorga al Papa un derecho de veto, lo que en la práctica supone una división compartida de la autoridad entre Pekín y Roma.
La renovación de este pacto (en 2020, 2022 y 2024) ha profundizado la polémica, sobre todo desde que se anunció su prórroga por cuatro años en octubre de 2024.
Los críticos argumentan que legitima el control estatal sobre la Iglesia Católica en China, que anteriormente había mantenido una “Iglesia subterránea” leal a la Roma eterna.
También facilita la incorporación de obispos «aprobados por Pekín» y el levantamiento de las sanciones canónicas, sin garantizar una mayor libertad religiosa para los fieles. Además, esto ocurre junto con un aumento general de la represión religiosa en China, incluyendo el endurecimiento de la sinización, lo que plantea la pregunta de qué, exactamente, ha ganado el Vaticano a cambio de este «acuerdo».
Por un lado, la Santa Sede defiende esta vía como medio para mantener el diálogo con Pekín y proteger los derechos de los católicos chinos. Por otro lado, los críticos cuestionan si el precio que se paga es la independencia de la Iglesia y, en algunos casos, su silencio público ante la persecución religiosa.
El llamado de Xi Jinping a acelerar la sinización de las religiones proporciona el contexto para interpretar las implicaciones del acuerdo entre el Vaticano y China.
Si el gobierno chino exige que todas las religiones se ajusten al socialismo y al liderazgo del PCCh, entonces la colaboración de la Santa Sede adquiere una dimensión mucho más compleja, ya que podría contribuir a legitimar el sistema de religiosidad controlada del Estado.
De hecho, si se permite al gobierno chino proponer obispos y la Iglesia lo acepta sin oposición pública ni exigencia de reformas sustanciales en materia de libertad religiosa, existe un riesgo real de que la Iglesia Católica se vuelva cómplice de una estrategia de “sinización” forzada.
El acuerdo fomenta (o al menos permite) el reconocimiento de los obispos por parte de Pekín, lo que podría obligarlos a alinearse con estructuras estatales que no garantizan la libre evangelización, sino más bien la subordinación al Estado. En este sentido, si bien el pacto puede agilizar las relaciones diplomáticas, también puede debilitar el testimonio de la Iglesia en defensa de los perseguidos y marginados.
