Fuente: La Gaceta
Isabella Cêpa, una activista feminista brasileña,ha recibido asilo político en un país europeo tras enfrentarse a una condena de hasta 25 años de prisión en Brasil por referirse como hombre a un político trans. Se convierte así en la primera persona reconocida como víctima de persecución estatal por oponerse públicamente a la ideología de género, en un caso que marca un precedente internacional.
La persecución comenzó tras unas declaraciones de Cêpa en redes sociales, en las que criticaba que Erika Hilton —un hombre que se identifica como mujer— fuera presentado como “la mujer más votada” de Brasil tras ser elegido concejal en São Paulo en 2020. “Compartí un vídeo diciendo que me decepcionaba que la mujer más votada del país fuera en realidad un hombre”, explicó la activista en una entrevista con Reduxx.
Hilton presentó una denuncia contra ella, lo que dio lugar a una investigación penal. En 2022, Cêpa descubrió a través de un periodista que estaba siendo acusada de cinco delitos de “racismo social”, una figura penal creada a partir de un fallo del Supremo brasileño en 2019, que equipara los comentarios considerados “LGBTfóbicos” a delitos de odio racial. La Fiscalía llegó a revisar sus redes sociales en busca de mensajes que pudieran considerarse “transfóbicos”.
En julio de 2024, cuando intentaba viajar a España desde el aeropuerto de Salvador de Bahía, agentes federales la retuvieron al detectar una alerta sobre su pasaporte. Tras entrevistarla, concluyeron que su situación podía constituir persecución política, y la escoltaron hasta el avión, aconsejándole no regresar a Brasil. En junio de 2025, Cêpa solicitó formalmente asilo en Europa.
Ahora, con el respaldo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, ha obtenido el estatus oficial de refugiada, siendo la primera brasileña reconocida por persecución estatal desde el fin de la dictadura en 1985. Reduxx no ha revelado el país que la acoge para proteger su seguridad.
La organización feminista MATRIA Brasil, que acompañó el proceso, ha denunciado el abandono institucional por parte del Gobierno brasileño. “Llevamos a Cêpa a una reunión con la entonces ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, para exponer su caso, pero no mostró ningún interés ni tomó acción alguna”, lamentan en un comunicado.
“Isabella no tuvo más remedio que recurrir a la medida más extrema: el asilo político. Fue perseguida por decir una verdad biológica: que un hombre no puede ser mujer”, añaden. También subrayan que este caso refleja una peligrosa deriva autoritaria en Brasil, donde “la libertad de expresión y de conciencia ya no parecen aplicarse si se cuestiona la ideología trans”.
El caso Cêpa no es aislado. Otras mujeres en Brasil están siendo procesadas por expresar opiniones similares. La activista Karen Mizuno podría enfrentarse a tres años de cárcel por burlarse en redes de un activista trans, mientras que dos trabajadores de la Universidad Federal de Paraíba están imputados por “referirse mal” a un estudiante trans.
