Fuente: La Gaceta
La Comisión Europea estudia imponer una prohibición anticipada de los motores de combustión en los vehículos de alquiler y de empresa, adelantando así la fecha prevista para las nuevas matriculaciones en estos sectores a 2030, cinco años antes de la prohibición general programada para 2035.
La propuesta, aún en evaluación, tendría un impacto directo sobre el mercado automovilístico, ya que las nuevas matriculaciones de coches de alquiler y flotas de empresa representan aproximadamente el 60% de las ventas de vehículos nuevos en la Unión Europea, según declaró un eurodiputado al diario Bild am Sonntag. El año pasado se vendieron 10,6 millones de vehículos en toda la UE, una gran parte de los cuales quedarían fuera del mercado si la normativa entra en vigor tal y como está planteada.
Las consecuencias para el sector de alquiler serían especialmente severas. Muchas empresas del sector han reducido ya la proporción de vehículos eléctricos en sus flotas debido a la escasez de infraestructura de carga y las preferencias de los clientes por los motores tradicionales. “Los turistas ya no usarán coches de alquiler, y los consumidores prácticamente ya no podrán arrendar vehículos”, advirtió Nico Gabriel, director ejecutivo de la empresa Sixt, en declaraciones al mismo medio. Según Gabriel, esta decisión forzaría a las empresas a subir los precios para compensar los mayores costes y la menor demanda.
Los nuevos planes de Bruselas llegan en un momento en que la propia Comisión había dado señales de división interna respecto a la prohibición general de los motores de combustión para 2035. Aunque se preveía revisar los requisitos en otoño de 2026, sectores críticos lograron introducir en documentos recientes un tono más moderado que no comprometía abiertamente la regulación.
Sin embargo, esta posible moratoria para los vehículos particulares se ve ahora amenazada por la iniciativa para las flotas de alquiler y de empresa, que adelantaría la conversión del parque automovilístico en sectores clave. La Comisión prevé presentar su propuesta formal a finales de verano, que después deberá votarse en el Consejo y en el Parlamento Europeos.
Si la normativa prospera, los clientes particulares podrían percibir cierto alivio si la prohibición general de 2035 se revisa o aplaza, pero a costa de que buena parte de las matriculaciones nuevas se vean afectadas ya en 2030, lo que encarecería y restringiría de forma notable el acceso al coche para muchos ciudadanos europeos.
