Fuente: Mundo Libre
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha generado un intenso debate al negarse a declarar una emergencia nacional por el aumento de casos de sarampión, que en 2025 alcanzaron las 1.288 infecciones, la cifra más alta desde 1992.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lo acusó de «conducir al país hacia un brote» al recortar fondos federales, reemplazar expertos pro-vacunas y promover alternativas como la vitamina A en lugar de insistir exclusivamente en la vacunación.
Kennedy defendió su postura el 14 de julio en Washington, afirmando: «Hemos hecho un muy buen trabajo controlando el sarampión. Los brotes están disminuyendo y los equipos del CDC están trabajando donde los gobernadores los solicitan». El secretario subrayó la importancia de que cada estado gestione la situación según sus propias necesidades y defendió el derecho de las familias a decidir libremente, argumentando que muchas personas consideran que la inmunidad natural es preferible.
Desde el Senado, Schumer insistió en que Kennedy debería demostrar su apoyo a la vacunación para «proteger la salud de millones», y criticó la reestructuración del panel asesor de vacunas del CDC, al que acusó de estar ahora dominado por «escépticos no evaluados».
Un debate que va más allá de la epidemiología
En el centro de esta controversia se encuentra una discusión más profunda sobre la relación entre la autoridad sanitaria del gobierno y la autonomía individual. Kennedy y sus partidarios sostienen que los avances médicos modernos —como el uso de la vitamina A para reducir complicaciones— permiten a las familias evaluar con mayor libertad la conveniencia de vacunar, sin imposiciones obligatorias.
Por el contrario, los defensores de la vacunación masiva destacan que el esquema completo previene el 97 % de los casos y advierten sobre los riesgos para la población no vacunada. Sin embargo, críticos de esta narrativa recuerdan que, antes de la introducción de la vacuna en los años 60, el sarampión causaba unas 450 muertes anuales en Estados Unidos, casi inexistentes en poblaciones bien alimentadas, y sostienen que el alarmismo actual responde a intereses de la industria farmacéutica más que a una verdadera emergencia sanitaria.
Kennedy, además, ha promovido el consentimiento informado por encima de los mandatos colectivos. En mayo, ordenó al CDC explorar tratamientos no vacunales y reorganizó el panel asesor de vacunas con miembros críticos hacia la industria farmacéutica. «La decisión de vacunarse es personal», enfatizó un portavoz del Departamento de Salud, reforzando la idea de que la prioridad es respetar la libertad individual.
Estados, estrategia local y tensiones políticas
Texas y Nuevo México, donde se concentran el 58 % de los casos, han adoptado respuestas propias que incluyen campañas de concientización y requisitos escolares. Kennedy defiende estas estrategias locales como un modelo más efectivo que la imposición federal.
Por su parte, críticos como la senadora Patty Murray han acusado a Kennedy de debilitar la protección sanitaria al reconfigurar el panel asesor y recortar programas de vacunación infantil.
Para el movimiento en favor de la «libertad sanitaria», la postura de Kennedy representa un freno al «fanatismo pro-vacunas» que, según argumentan, domina agencias como el CDC. El activista Mike Adams lo definió como «una oportunidad para exponer cómo las instituciones manipulan el miedo para imponer agendas, no para salvar vidas».
Una batalla sobre quién controla la salud pública
La polémica refleja una tensión cada vez más fuerte entre quienes abogan por un control centralizado y quienes defienden la autonomía personal. Para Kennedy, la clave está en empoderar a las familias para decidir libremente. Para sus críticos, en cambio, sus políticas son un riesgo innecesario.
Aunque las cifras actuales siguen siendo bajas en términos históricos, el brote ha reavivado la discusión sobre el papel del Estado en la salud y el derecho de los ciudadanos a elegir.
Este episodio no solo define un momento sanitario, sino que también refleja el desafío de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad estatal de proteger la salud pública y el derecho de cada persona a decidir. Para la mayoría de los republicanos, el Estado debe informar y sugerir, no imponer; y el ciudadano, con acceso a información clara y honesta, debe poder tomar decisiones libres y responsables.
