Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
El próximo 22 de julio cerrará sus puertas el Centro de Salud y Desarrollo Transjuvenil del Hospital Infantil de Los Ángeles, el mayor centro pediátrico transgénero de Estados Unidos. La decisión llega tras la orden ejecutiva firmada en enero por el presidente Donald Trump, que prohíbe la financiación federal de centros que practiquen bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas y cirugías de «afirmación de género» en menores, medidas que el mandatario calificó como «mutilación química y quirúrgica».
El cierre también se produce tras un memorando de abril de la fiscal general Pam Bondi, que denunció el «grave abuso médico» promovido durante la Administración Biden. En él, la fiscal acusó directamente al expresidente demócrata de haber sido «actor central en la promoción de esta agenda», al tiempo que instruye a los funcionarios del Departamento de Justicia a supervisar posibles casos de explotación infantil disfrazados de atención médica.
La Comisión Federal celebró esta semana un taller público en el que reafirmó su compromiso con la protección de la infancia frente a los abusos de la industria médica transgénero y denunció las «prácticas engañosas» que afectan a menores en situación de vulnerabilidad.
Aunque el centro ha defendido su trayectoria alegando que ofrecía «atención médica esencial y basada en la evidencia» a menores trans y sus familias, ha admitido que el cierre es resultado directo del cambio de política federal. «No hay alternativa viable», lamentaron en un comunicado, denunciando el «impacto cada vez más grave» de las nuevas normas.
Sin embargo, el centro ha estado envuelto en múltiples controversias legales, especialmente en torno a su directora, la doctora Johanna Olson-Kennedy, que acumula varias demandas por negligencia médica en menores. Una de las más graves fue interpuesta por una paciente que acudió posteriormente para destransicionar. Según la denuncia, con sólo 12 años recibió bloqueadores hormonales, terapia cruzada y una doble mastectomía, pese a tener antecedentes clínicos delicados.
Olson-Kennedy ya había sido investigada por ocultar datos de un estudio federal financiado con 10 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud. El documento revelaba efectos nocivos de los bloqueadores hormonales, especialmente en niños.
