Fuente: Informe Orwell
El Ministerio del Interior ha adjudicado contratos por más de 12 millones de euros a la tecnológica china Huawei para el almacenamiento de las escuchas telefónicas realizadas por orden judicial en España. Las grabaciones, consideradas información altamente sensible, están siendo custodiadas en servidores de la serie OceanStor 6800 V5, fabricados por la multinacional vinculada al Partido Comunista Chino.
La operación, revelada a través del portal de contratación pública, se ha desarrollado bajo la administración de Pedro Sánchez, que ha defendido públicamente la integración de Huawei en el ecosistema tecnológico español, desmarcándose de las advertencias de seguridad lanzadas desde Washington, Bruselas y varias capitales europeas.
Según la documentación oficial, Huawei proporciona el soporte técnico y la infraestructura para conservar las comunicaciones interceptadas legalmente por Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos autorizados. Aunque la empresa asiática ya participaba en el sistema de interceptación legal (SITEL), esta nueva adjudicación consolida su rol en una de las áreas más delicadas del Estado.
Fuentes internas de las fuerzas de seguridad han expresado su “profunda preocupación” por la dependencia de una compañía que ha sido vetada en redes críticas por países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido, debido al riesgo de espionaje y su proximidad al aparato estatal chino. “Se nos pide extremar precauciones con aplicaciones extranjeras, mientras se entregan nuestras escuchas a servidores de una empresa controlada por Pekín”, señala un alto mando policial que pidió el anonimato.
Aunque Huawei niega cualquier implicación en tareas de inteligencia y asegura que no tiene acceso a los datos, expertos en ciberseguridad recuerdan que cualquier sistema de almacenamiento puede incluir puertas traseras si no existe un control total del hardware y del software, especialmente cuando se trata de tecnología extranjera no certificada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La controversia no es nueva. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue clave en la introducción de Huawei en el sistema de escuchas español, pese a que en aquel momento la compañía no contaba con el aval del CNI. Su relación con la tecnológica china ha continuado tras su salida del Gobierno, actuando como facilitador en diversos foros y plataformas internacionales.
Mientras tanto, el contraste entre la estrategia de España y la línea de contención adoptada por la OTAN alimenta las dudas sobre la coherencia del Ejecutivo en materia de ciberseguridad. En 2020, la Comisión Europea recomendó excluir a proveedores “de alto riesgo” en infraestructuras sensibles como el 5G, señalando directamente a Huawei. A pesar de ello, el Gobierno de Sánchez ha mantenido contratos con la empresa en sectores clave, incluyendo el Ministerio del Interior y el entorno del CNI.
El presidente Xi Jinping ha elogiado públicamente la “relación privilegiada” con España, país donde Huawei ha reforzado su presencia con centros de innovación y contratación pública creciente. Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía continúan utilizando los servidores OceanStor de la firma china para almacenar escuchas de investigaciones criminales, incluyendo casos de narcotráfico, terrorismo y corrupción.
La paradoja es evidente: mientras países aliados blindan sus sistemas frente a posibles infiltraciones, el Gobierno español ha optado por delegar una función de seguridad nacional en una multinacional extranjera que sigue generando recelo en los servicios de inteligencia de medio mundo.
