Traducido de Natural News por TierraPura
La Unión Europea, que desde hace tiempo se ha posicionado como el principal regulador tecnológico del mundo, ha desactivado oficialmente su código voluntario de «desinformación», transformándolo en un mecanismo de censura obligatoria bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) . Insatisfecha con la cooperación pasiva, Bruselas exige ahora que los gigantes tecnológicos se sometan a auditorías invasivas, escrutinio algorítmico y una vigilancia rigurosa de contenidos, todo bajo el pretexto de la «seguridad digital». Sin embargo, tras la jerga burocrática se esconde una amplia represión de la libertad de expresión, que podría desencadenar fuertes tensiones comerciales con EE. UU., a la vez que refuerza el control de la UE sobre el discurso en línea. A medida que los mandatos de la DSA se amplían a mediados de febrero para abarcar a más plataformas, independientemente de su tamaño, los críticos advierten que la última apropiación de poder de Europa no se trata de proteger a los ciudadanos, sino de silenciarlos.
Puntos clave:
- El «Código de prácticas sobre desinformación» de la UE, que antes era voluntario, ahora es legalmente vinculante bajo la DSA, lo que obliga a las plataformas a cumplir con estrictas reglas de censura o enfrentar sanciones.
- Las grandes empresas tecnológicas (Meta, Google, Apple) están bajo un mayor escrutinio y se realizan auditorías anuales que evalúan su capacidad para suprimir la llamada «desinformación».
- Los funcionarios estadounidenses advierten que el DSA podría desencadenar un enfrentamiento comercial, recordando el fallido conflicto fiscal digital de Canadá bajo el gobierno de Trump.
- La UE está ampliando su aparato de censura más allá de las principales plataformas, lo que indica una ofensiva más amplia contra los medios alternativos y los creadores independientes.
- Las vagas definiciones de “contenido dañino” y “desinformación” que figuran en la ley facultan a los gobiernos para silenciar la disidencia con el pretexto de la seguridad pública.
De la cooperación voluntaria a la censura obligatoria
Lo que comenzó en 2018 como una iniciativa flexible, liderada por la industria, para combatir las falsedades en línea se ha transformado en un régimen de censura férreo. La DSA ahora exige el cumplimiento obligatorio del código de «desinformación» de la UE, a pesar de las afirmaciones oficiales de que la adhesión sigue siendo «voluntaria». Un portavoz de la Comisión admitió la contradicción: «El cumplimiento del Código es voluntario. El cumplimiento de la DSA no lo es». Esta maniobra legal implica que plataformas como Facebook, YouTube y X (anteriormente Twitter) deben eliminar proactivamente el contenido que Bruselas considera indeseable o se arriesgan a multas cuantiosas.
El momento no podría ser más complicado. Mientras las negociaciones comerciales entre EE. UU. y la UE penden de un hilo, los legisladores estadounidenses acusan a Europa de disfrazar la censura como «gestión de riesgos». Los republicanos han criticado la medida como un ataque a la libertad de expresión , con ecos del desastre del impuesto digital en Canadá, una política desechada tras la reacción negativa de EE. UU. Joel Kaplan, de Meta, elogió en una ocasión a Trump por defender la tecnología estadounidense de la injerencia extranjera. Ahora, Bruselas parece dispuesta a poner a prueba la paciencia de Washington impulsando una agenda digital que redefine la libertad de expresión.
Silenciar la disidencia bajo el pretexto de la «seguridad»
La UE insiste en que la DSA se centra en los riesgos sistémicos, no en la expresión individual. Sin embargo, su lenguaje amplio da pie a abusos. Las plataformas clasificadas como «Plataformas Online de Gran Tamaño» (VLOP, por sus siglas en inglés) deben someterse a auditorías invasivas que evalúan su gestión de la «desinformación» , un término deliberadamente vago. Mientras tanto, los borradores de revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD, por sus siglas en inglés) buscan ampliar la supervisión de YouTube y TikTok, sometiendo a los creadores independientes al mismo control regulatorio que las emisoras estatales.
La ministra polaca Hanna Wróblewska presentó los cambios como una forma de proteger a los ciudadanos del «contenido dañino». Sin embargo, la historia demuestra que las normas «sólidas» a menudo sirven como armas burocráticas contra la disidencia. El enfoque de la UE en la «manipulación de información extranjera» (MIIF) refleja tácticas pasadas: invocar amenazas externas para justificar la represión interna. ¿El resultado? Una esfera pública digital donde la «alfabetización mediática» equivale a la conformidad con las narrativas aprobadas por el Estado, y el «pluralismo» excluye las voces que desafían el consenso de las élites.
El espectro inminente de la ley marcial digital
Lo más alarmante es el nuevo «mecanismo de crisis» de la DSA, que otorga a Bruselas poderes de emergencia para imponer controles drásticos en redes sociales, motores de búsqueda y comercio electrónico ante amenazas vagamente definidas. Daphne Keller, del Centro de Política Cibernética de Stanford, observó: «Parece que la guerra en Ucrania creó una oportunidad política para que quienes abogan por restricciones más estrictas impulsen su agenda». Los críticos lo ven de otra manera: una toma de poder oportunista camuflada por la crisis.
El mecanismo permite a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, imponer una censura generalizada sin la intervención de los Estados miembros , eludiendo la disidencia de países con un fuerte componente tecnológico como Irlanda. Los informes confirman que la ley se aprobó en una votación nocturna, evitando el escrutinio público. Mientras tanto, el cumplimiento de las grandes tecnológicas durante la COVID-19 y Ucrania sugiere que las empresas podrían estar cediendo a la presión política, lo que plantea dudas sobre si esta ley simplemente convierte acuerdos secretos en políticas vinculantes.
