Fuente: Informe Orwell
El Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras haber acusado falsamente a un agente de la Guardia Civil de haber amenazado con colocar una bomba en el vehículo del jefe del Ejecutivo. La acusación, realizada públicamente por tres altos cargos del Gobierno, se basó en una información falsa que ha sido desmentida incluso por el ente público RTVE.
El agente señalado formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de investigaciones clave sobre presunta corrupción que afectan al entorno más cercano de Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez, y al exministro José Luis Ábalos.
Según revelaron varios medios nacionales, los ministros Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López se refirieron en diferentes intervenciones públicas a un supuesto mensaje de WhatsApp en el que el agente habría fantaseado con asesinar al presidente. Sin embargo, ese contenido jamás existió, y la información original provino de un portal desmentido por múltiples fuentes judiciales.
Pese a ello, el Gobierno no ha rectificado. La ministra Montero incluso vinculó al agente con el Ejecutivo autonómico de Madrid, insinuando que su salario era incompatible con ese tipo de «expresiones». Por su parte, Óscar López lo acusó de «delirar con la muerte del presidente», en un tono que ha sido duramente criticado por la oposición.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una movilización masiva para este fin de semana, denunciando lo que califica como «prácticas mafiosas» por parte del PSOE. «Este es el Gobierno de la mentira, del bulo institucionalizado, del uso del poder para protegerse y atacar a quienes investigan su corrupción», declaró el dirigente conservador.
La tensión ha aumentado tras la filtración de audios en los que una dirigente socialista, Leire Díez —apodada «la fontanera» por su supuesta labor de desgaste contra los investigadores—, habría solicitado a empresarios material comprometedores para desprestigiar al jefe de la unidad anticorrupción. Díez ha negado los hechos, asegurando que actuaba como «periodista de investigación», mientras el PSOE ha anunciado una investigación interna luego de varios días de presión.
La crisis política se produce en un contexto especialmente delicado para el Ejecutivo. La esposa del presidente, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias. Su cuñado, David Sánchez, irá a juicio por malversación de fondos y uso indebido de su posición para obtener empleo en la administración pública. José Luis Ábalos, exministro y antiguo hombre de confianza del presidente, también enfrenta cargos por presuntas comisiones ilegales durante la pandemia.
Con la oposición movilizada y las acusaciones cruzadas en ascenso, el escenario político español se adentra en una etapa de creciente polarización e inestabilidad, marcada por la sospecha sobre el uso partidista de las instituciones del Estado.
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