Por Luis Francisco Orozco – Voz US Media
En abril del 2023, el FBI arrestó a dos ciudadanos chinos en la ciudad de Nueva York, tras determinar que ambos formaban parte de una estación clandestina que el régimen comunista de China había instalado en la Gran Manzana para realizar operaciones de inteligencia en el corazón de los Estados Unidos. Si bien la noticia resultó sorprendente, al percatarnos de lo lejos que está dispuesta a llegar China en su carrera contra el hegemón americano, lo sórdidamente escalofriante fue el detalle revelado por el FBI sobre el objetivo principal de dicha estación: vigilar e intimidar a la diáspora china en esta ciudad, perseguir y amedrentar a los disidentes que se atrevan a formar parte de ese valiente activismo encargado de denunciar las atrocidades cometidas por una dictadura que calla y aplasta.
Lejos de tratarse de un caso aislado, autoridades y periodistas de diferentes partes del mundo han venido informando a lo largo de los últimos años que el régimen de Xi Jinping ha instalado más de 100 estaciones clandestinas a lo largo y ancho del mapa geopolítico con estos mismos fines. Semejante realidad, semejante proclividad por reprimir a la disidencia dentro y fuera de sus fronteras, representa una vorágine de miedo y espionaje que esconde una contradicción tan peligrosa como insólita: el hecho de que todo esto es ampliamente conocido y a la vez ignorado por propios y extraños.
Durante las últimas décadas, se ha evidenciado cómo el régimen chino ha reprimido a miles de disidentes en el exterior mediante el uso de tácticas sofisticadas cuyo máximo objetivo es silenciar las críticas al Partido Comunista Chino (PCCh) y al régimen. Dichas tácticas consisten en una combinación de intimidación física, vigilancia digital, coerción familiar, y la manipulación de los sistemas legales internacionales para controlar tanto a la disidencia, como a los activistas prodemocracia, defensores de los Derechos Humanos y minorías étnicas.
Describir cada uno de estos métodos de represión transnacional no es solo el determinar el modus operandi de una dictadura, o adentrarse en las entrañas de una bestia. Es también el darle nombre y rostro a quienes han caído en sus garras, y palpar de la forma más cruda cómo la exposición de la verdad es el mayor horror de un régimen.
Y cómo este régimen se ha visto dispuesto a ejercer el horror para evitar que esto ocurra.
Vigilancia Digital
A lo largo de estos últimos años, varias investigaciones han revelado cómo la vigilancia digital y los ciberataques representan la táctica más usada por el PCCh hoy en día, al usar tecnología avanzada para ejecutar labores de ciberespionaje y así rastrear a los disidentes que más consideran peligrosos en diferentes plataformas y redes sociales como Zoom, WeChat, e incluso X. Una de las mayores muestras de este accionar se pudo ver con claridad en el 2024, cuando documentos internos de la empresa I-Soon, filtrados y diseminados en la web, revelaron no solo la forma en que sus hackers atacaban y pirateaban a gobiernos extranjeros, sino también a figuras destacadas de la diáspora china. En dichos documentos, se revelaron también numerosas herramientas de hackeo que el régimen de Xi usa para espiar a críticos en el exterior y monitorear redes sociales, siendo miles de estudiantes chinos en universidades de Europa y Norteamérica buena parte de las víctimas de estas operaciones en el 2023.
Durante el mismo tiempo en que dichos documentos se filtraron, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a siete hackers chinos de atacar tanto a funcionarios como a periodistas internacionales y a disidentes chinos durante 14 años, afectando a miles con correos maliciosos. La agencia señaló que el esfuerzo de piratería fue tan enorme que durante el año 2018 los hackers enviaron más de 10.000 de estos correos en tan solo un par de meses, añadiendo que el grupo formaba parte de un programa de espionaje informático del Departamento de Seguridad Estatal de Hubei, el cual es dependiente del Ministerio de Seguridad del Estado del régimen comunista.
Intimidación y acoso físico
De acuerdo a numerosas investigaciones de autoridades internacionales y testimonios de víctimas, la dictadura china suele instalar estaciones secretas bajo diferentes tipos de fachadas para poder camuflar su presencia y sus operaciones, las cuales no solo tienen como objetivo desestabilizar a los gobiernos locales o recopilar información sobre figuras políticas o militares de dichos países, sino también el intimidar e incluso acosar físicamente a miembros de la disidencia para que estos callen sus críticas y denuncias contra Beijing o sencillamente detengan su activismo.
Recientemente, la organización sin fines de lucro Freedom House reportó que entre los años 2014 y 2024 había documentado 272 incidentes físicos de represión transnacional por parte del régimen, los cuales incluían no solo amenazas directas o actos de violencia, sino incluso detenciones. En su informe de represión transnacional, Freedom House señaló que en estos diez años de documentación la dictadura comunista ha sido el actor con mayor cantidad de casos de este tipo a nivel mundial, superando a regímenes como los de Rusia, Egipto, o Turquía.
Un caso notable es el de Gao Zhi, quien según varios medios de comunicación, fue víctima tanto de la violencia como de las amenazas directas por parte del régimen chino en los Países Bajos en el año 2020. Otra de las víctimas habría sido el activista prodemocracia Yuan Lee, quien explicó haber recibido todo tipo de amenazas por parte del PCCh mientras vivía en Madrid, lugar donde aparentemente el régimen de China perseguía y buscaba silenciar a la disidencia haciendo uso de una pequeña oficina en la que ofrecía asistencia a los ciudadanos chinos residentes en la capital española. Según Lee, dicha oficina almacenaba la información de los objetivos a los cuales buscaban intimidar para enviar varios mensajes done emitían toda clase de amenazas.
La violencia contra esa diáspora que expone las realidades que el régimen trata de ocultar a través de su propaganda, también ha cruzado la frontera de la intimidación y el simple daño físico para adentrarse en los terrenos más sórdidos e inimaginables. Uno de estos casos fue el de Peng Ming, quien fue uno de los activistas ambientalistas y prodemocracia más importantes del mundo, y una de las voces más críticas contra el autoritarismo de Beijing en el exterior. En el año 2004, Ming, quien se había exiliado en Tailandia en el 2001 tras escapar del infierno de los campos de trabajo forzado, fue víctima de una trampa mortal que acabaría con su vida doce años más tarde.
Según sus familiares y algunas investigaciones independientes, Ming habría sido engañado por agentes secretos de los servicios de inteligencia de China para visitar a sus padres en Myanmar, con la excusa de una emergencia de salud. Una vez en la frontera, Ming fue secuestrado y enviado de vuelta a China, donde las autoridades al servicio del régimen lo sentenciaron a cadena perpetua tras acusarlo de dirigir una organización terrorista. Desde ese instante en adelante, el activista viviría el resto de sus días en la prisión de Xianning, en la que moriría en el 2016 bajo circunstancias sospechosas, con numerosos informes sobre posibles malos tratos e incluso envenenamiento.
La funesta pesadilla vivida por Ming ha resultado ser la mayor muestra de la capacidad y disposición por parte de la dictatura China por ejecutar operaciones transnacionales para neutralizar disidentes, incluso si se ha de hacer uso del secuestro en lugar de la violencia física y la intimidación.
Coerción a través de familiares y uso de sistemas legales internacionales
Otra de las tácticas más despiadadas que el régimen chino suele usar para reprimir a la disidencia en otras partes del mundo y conseguir su silencio, es a través de la presión y las amenazas a sus familiares en China, los cuales pueden vivir auténticos calvarios con tal y estos sean lo suficientemente convincentes como para hacer que aquellos que se atrevan a criticar a Pekín en otros países decidan callar.
Algunos de los “castigos” que los familiares de los disidentes pueden sufrir son las represalias económicas a través de sanciones, multas, e incluso descuentos de puntos en el distópico sistema de crédito social chino, el cual puede definir buena parte de la vida de los ciudadanos al tener incidencia directa en numerosos aspectos cruciales de la cotidianidad, tales como el acceso a los servicios públicos o hasta la obtención de préstamos. Otros de los castigos son las prohibiciones de salida del país, e incluso, en muchos casos, detenciones o arrestos por parte de autoridades del régimen, con altas probabilidades de sufrir largas penas de cárcel.
Un caso reciente que pone en manifiesto esta realidad fue el del defensor de los Derechos Humanos Jiang Shengda, quien desde el 2018 vive en Francia y es el líder del grupo Le Front de la Liberté en Chine. De acuerdo a varias investigaciones, Shengda sufrió en carne propia esta táctica de represión en mayo del 2024, en el marco de la visita del presidente Xi a Francia, luego de que organizara una protesta en su contra y empezara a recibir repentinamente numerosas llamadas de su madre en Beijing. Según declaró Shengda, las llamadas se empezaron a producir pocos días antes de la llegada de Xi, con su mamá pidiéndole en repetidas ocasiones que cancelara su protesta.
En algunas ocasiones, el régimen chino también usa a los familiares para obtener información de los disidentes en el exterior y eventualmente usarla en su contra. Este caso fue expuesto por la cadena NBC en el 2024, en un reportaje en el que describieron cómo una científica china que vivía en los Estados Unidos, y cuya identidad no fue revelada, estuvo en la mira de Beijing por haber publicado una crítica contra la dictadura de Xi en redes sociales. Si bien ella había sido lo suficientemente cuidadosa como para publicar la crítica de forma anónima, funcionarios del régimen chino se dirigieron a la casa de su padre en Pekín al día siguiente para forzarlo a comunicarse con ella y hacerle una serie de preguntas que los funcionarios del régimen ya tenían preparadas, para tratar de que ella admitiera su autoría en la publicación.
Si la coerción a los familiares ya es en sí un acto espeluznante que puede despedazar tanto el estado emocional como psicológico, el uso de los sistemas legales internacionales es otra de las armas a través de las cuales Pekín ejerce una presión asfixiante contra la disidencia, esta vez ya no mediante el horror experimentado por seres queridos sino mediante la permisividad y complacencia que instituciones transnacionales o incluso el estado de los países donde reside la disidencia puedan conceder, permitiéndole de esta forma al régimen chino penetrar sus fronteras para reprimir y silenciar.
Se trata de una indecible pesadilla para aquellos que buscan resguardo de la represión china, tal como la ha venido experimentando el activista prodemocracia hongkonés Nathan Law, quien desde el 2023 tiene impuesta sobre su cabeza una recompensa de 128.000 dólares luego de que Beijing lo acusara a él y a otros siete activistas de estar colaborando con potencias extranjeras para desestabilizar China, siendo esta una acusación que de acuerdo a las leyes del gigante asiático conllevaría a la cadena perpetua como castigo.
Por supuesto, se trata de una táctica que el régimen comunista emplea contra las figuras de las disidencias cuyas denuncias y activismo puede tener mayor trascendencia, y con las cuales ya Beijing considera posible el amedrentamiento para lograrlas callar. Este método resulta tan inhumano como devastador, tomando en cuenta que el ofrecer dinero por la captura (o información que lleve a esta) de determinadas personas, o el presionar a los estados de los países donde viven para que los extraditen a China, es condenarlos al riesgo permanente y a la paranoia del tiempo.
Porque, aun cuando Law esté exiliado en Londres y aun cuando los otros siete disidentes vivan en países occidentales, el mismo activista hongkonés ha señalado que debe tomar precauciones permanentes y no revelar su ubicación, sin importar que viva en un país a priori seguro y del cual resultaría inconcebible pensar que pueda ceder ante la presión china y prestarse a la infamia de entregar a una persona a una dictadura que lo encarcelara injustamente.
Porque, si algo ha demostrado la historia reciente, es que el régimen chino cuenta con el suficiente poder e influencia a nivel geopolítico como para ver a muchos gobiernos cediendo a sus presiones de extradición de aquellos que resultan incómodos para Beijing, tal como la minoría uigur o tibetana. Lo más desconcertante es que, lejos de tratarse única y exclusivamente de regímenes dictatoriales o directamente no occidentales, lo cierto es que semejante disposición de prestarse a la pantomima planteada por China también se ha podido ver en gobiernos de países desarrollados de Occidente, dispuestos a mirar hacia otro lado e incluso a supeditar parte de su soberanía al gigante asiático con el fin de no ver debilitadas sus relaciones con este.
Y es que, al final del día, la represión transnacional de Pekín no solo silencia y aplasta a disidentes, sino que también socava la soberanía de otros países al operar en sus territorios o al tener a sus estados satisfaciendo las demandas más sórdid.as de un régimen cerrado que, ante el temor permanente por verse derrumbado, cuenta con un particular horror a la verdad y la exposición.
A la posibilidad de que, a medida que aquellos que sufrieron su distópica opresión expongan este infierno, menos gobiernos estén dispuestos a mirar hacia otro lado, se haga menos costoso el escrutinio, y más personas dentro de China vean la apertura a un sistema democrático como el faro a seguir. A que cada instante crezca más y más el hastío y la indignación ante la vigilancia y la represión. A que las contradicciones entre la propaganda y la realidad se vuelvan insostenibles.
Que un simple acto de transparencia tenga un impacto tan devastador, no hace más que revelar la profunda fragilidad de aquellos regímenes cuya estabilidad depende del control y la censura.
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