Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
La expresidente boliviana Jeanine Áñez, responsable de encabezar la transición luego de las protestas ante el fraude electoral de Evo Morales y la convocatoria a elecciones en 2020, ha cumpido este miércoles cuatro años injustamente detenida por órdenes del régimen del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
La exmandataria, que actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel por asumir la presidencia de manera «inconstitucional» en 2019, ha reiterado que es inocente de todos los delitos que le han imputado hasta ahora, al tiempo que ha criticado al expresidente izquierdista Evo Morales y ha alentado a los bolivianos a «no perder la esperanza» y consolidar «la unidad opositora» de cara las próximas elecciones generales.
«Mi salud se encuentra estable y nutro el buen ánimo manteniéndome ocupada leyendo y respondiendo los mensajes que me manda gente muy querida que no me abandona, alentando al pueblo libre y democrático a que no pierda la esperanza y más bien fortalezca la unidad opositora, en medio de semejante crisis en que se encuentra sumida Bolivia», ha dicho en una entrevista concedida al medio Infobae.
Del mismo modo, la líder opositora al régimen del MAS ha defendido la legalidad de la decisión que adoptó al asumir la presidencia transitoria de Bolivia tras el fraude electoral que intentó perpetrar Morales, señalando que con ello se logró «pacificar» al país andino.
«Pacifiqué el país después de un fraude electoral y la renuncia de su autor intelectual, Evo Morales, quien fugó a México y Argentina, dejando órdenes de atacar la democracia y gestar un autogolpe de Estado para volver al poder. Como segunda vicepresidenta del Senado y ante la renuncia en cadena de él y la línea de sucesión, asumí la Presidencia como manda la Constitución».
«El mío fue un Gobierno democrático»
Del mismo modo, Áñez justificó las decisiones de política exterior tomadas en medio de su breve mandato, entre las que puede destacarse la ruptura de relaciones con regímenes como el de Cuba y Venezuela, asegurando que «esos países sufren dictaduras».
«Por supuesto que debíamos hacerlo porque el mío fue un Gobierno democrático y esos países sufren dictaduras, además tenían personeros en Bolivia infiltrados para alterar el orden y confrontar entre bolivianos», dijo.
Actualmente la expresidente boliviana está recluida en la Cárcel de Miraflores, en La Paz. Además de la decisión judicial que la condenó en 2022 a pasar una década tras las rejas, actualmente enfrenta otro juicio en el que se le señala por el caso «Masacre de Senkata», en donde es acusada de «genocidio» y el régimen masista, a través de la Fiscalía, ha pedido que le sea impuesta una pena de 30 años de cárcel.
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