Traducido de Breitbart por Tierrapura.info
Bolivia debe pagar 2.000 millones de dólares más intereses a empresas chinas y rusas que construyen plantas de procesamiento de litio en el país, informó el miércoles el diario boliviano El Deber, pese a que Bolivia ya les ofreció derechos preferenciales de extracción.
Bolivia cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo, un material indispensable para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y una amplia gama de dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio. Sin embargo, el país casi no tiene producción industrial ni reservas comercialmente viables de litio.
A fines de junio de 2023, el presidente socialista Luis Arce firmó acuerdos con la estatal china Citic Guoan y Uranium One Group, una subsidiaria de la rusa Rosatom, por un total de 1.400 millones de dólares para que ambas compañías trabajen con la empresa estatal boliviana Depósitos de Litio Bolivianos (YLB) en la construcción de dos plantas de procesamiento de carbonato de litio. Arce hizo que Bolivia firmara un acuerdo separado ese mes con la empresa china de baterías CATL para construir otras dos plantas de litio en el país, para un total de cuatro plantas construidas en China o Rusia.
El Deber informó que revisó los contratos de YLB con Hong Kong CBC Investment Limited, subsidiaria de CATL, y el grupo ruso Uranium One, que, señaló el periódico, fueron aprobados “de manera sorpresiva” por la Cámara de Diputados de Bolivia.
Según los contratos revisados por el periódico, Bolivia debe pagar a las empresas chinas y rusas más de 2.000 millones de dólares —además de tasas de interés, “compensación por inflación” y “pago por patentes”— por el desarrollo de las plantas de litio. El acuerdo también otorga a ambas empresas un “trato preferencial” en la comercialización del carbonato de litio producido por el Estado boliviano.
El Deber indicó en su informe que la empresa estatal boliviana YLB justificó los términos de los acuerdos argumentando que los montos deben ser pagados para que las plantas aún por construir permanezcan en manos del Estado boliviano.
Diputados, especialistas y entidades cívicas de Bolivia han rechazado los polémicos acuerdos, afirmó el diario, cuestionando las tasas de interés que Bolivia debe pagar a las empresas estatales chinas y rusas, además de las cláusulas preferenciales de comercialización del litio. Los críticos del acuerdo también han cuestionado su rentabilidad, dado que “se proyectan ingresos a un precio de 30.000 dólares por tonelada, cuando el precio de este producto es de 10.000 dólares en el mercado mundial”.
El diputado boliviano Guillermo Benavídez dijo a El Deber que el contrato firmado con la filial de CATL viola la legislación nacional y representa un “mal negocio” para Bolivia. El diputado señaló la “falta de control estatal y transferencia tecnológica” como evidencia de los perjuicios que el acuerdo genera al país. Benavídez afirmó que la carga financiera del contrato para el pago de los gastos de capital es “extremadamente alta”, con una tasa de interés del 12 por ciento y una tasa de compensación por inflación del 2,5 por ciento, situación que, subrayó el legislador, “pone en riesgo los costos operativos”.
“Ni los costos de producción ni el flujo de caja están definidos, por lo que es imposible calcular la rentabilidad de la empresa”, dijo Benavídez a El Deber .
Ricardo Alba Balderrama, fundador del Geneva Club, una organización no gubernamental de empresarios bolivianos con sede en Suiza, habría revisado el contrato firmado entre la boliviana YLB y la rusa Uranium One Group. Alba Balderrama explicó al diario que, a cambio de una inversión de 1.000 millones de dólares, el acuerdo otorga a la empresa rusa el control sobre el área con la mayor concentración de litio en la región del Salar de Uyuni en Bolivia por un período prorrogable de 22 años.
Alba Balderrama afirmó que, con la construcción de la planta de litio, se espera que la empresa rusa recupere su inversión a través de “contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización”, lo que, recalcó, deja a Bolivia en una posición de “baja rentabilidad”, al pagar únicamente un “superávit” que apenas cubre los costos estatales. Alba Balderrama cuestionó la legalidad de la operación, que denunció como violatoria de las normas constitucionales que obligan al Estado boliviano a tener el control y la dirección de los recursos naturales.
“Dado que los precios internacionales del litio probablemente no alcanzarán los niveles necesarios para una producción rentable (se estima que requerirá precios superiores a los 20.000 dólares por tonelada y una producción de más de 100.000 toneladas por año), el contrato actual no se perfila como la ‘salvación’ económica que muchos esperan”, dijo Alba Balderrama.
Varias organizaciones de la sociedad civil de la sureña ciudad de Potosí y de la capital, La Paz, salieron a las calles el lunes para protestar contra los acuerdos de litio que el gobierno boliviano firmó con China y Rusia. Los manifestantes en Potosí marcharon con fotos de ocho diputados bolivianos a los que denunciaron como “traidores a la patria” por aprobar los contratos de las plantas de litio entre Bolivia y ambos países.
Los manifestantes denunciaron que los contratos se firmaron “a espaldas de la población” y denunciaron la falta de transparencia y de diálogo con la población local durante el proceso. Los manifestantes también acusaron a las empresas chinas y rusas de no tener “capital suficiente” para cubrir los costos operativos.
“Un presidente de un estado que regala recursos a espaldas de su pueblo es un traidor, y también son traidores quienes se suman como diputados a aprobar ese tipo de contratos”, se lee en un comunicado del Comité Cívico Potosinista.
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