Fuente: Panam Post
La cárcel de Tocorón en Venezuela, que sirvió como centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua, se convirtió —a un año de ser intervenida— en el recinto predilecto del régimen de Nicolás Maduro para torturar a los opositores detenidos. Allí se construyeron celdas de castigo que tienen como fin asfixiar tanto los cuerpos como las ideas de los disidentes de la dictadura venezolana.
Los cuartos se conocen como la ‘cama de Adolfo’, en memoria del primer asesinado en estos espacios oscuros y completamente reducidos, similares a una bóveda, creados para castigar a los acusados de terrorismo, delitos de conspiración o asociación para delinquir.
La estadía depende de la resistencia de quien ingrese, pero la orden es esperar el cumplimiento de las etapas de la tortura: el inicio de los gritos en solicitud de ayuda, la agonía y finalmente, el desmayo. Juan, una de las víctimas de Maduro confesó al diario ABC que aguantó poco más de cinco minutos.
“Es un cuarto oscuro y sin mucho oxígeno del tamaño de una bóveda. Te meten ahí por unos minutos hasta que no puedas respirar y te desmayes o comiences a golpear la puerta con desesperación. A mí me metieron y duré poco más de cinco minutos. Pensé que me iba a morir”, declaró tras precisar que formó parte de los 1800 detenidos de forma arbitraria desde las elecciones del 28 de julio.
Violencia estratégica
El objetivo de la tortura ejercida por los servicios de inteligencia del chavismo y sus agentes no es sólo establecer un patrón estatal sistemático de represión en contra de estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas o defensores de derechos humanos. Su propósito es más perverso y hasta estratégico.
La violencia extrema, física y psicológica contra opositores detenidos es el mecanismo de los secuaces de Maduro para obtener información, confesiones o delaciones forzadas de los detenidos, así como también castigar a todo aquel que disienta de su administración, mientras fomenta un clima de miedo y terror.
La falta de independencia en los poderes públicos mantiene impune las prácticas horrorosas del régimen venezolano. Ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo muestran intenciones de indagar la política de represión de Miraflores.
Las tres instancias son fieles al chavismo. Los informes de Naciones Unidas confirman la afinidad. De hecho, en su III balance emitido hace dos años reveló que “el sistema de justicia contribuye directamente a la perpetuación de la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos impidiendo a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos.
Como los muertos
Si bien la conclusión de Naciones Unidas está en manos de la Corte Penal Internacional (CPI), tras el inicio de la investigación formal sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el chavismo sigue con un contexto a favor de su deplorable abuso en celdas sin oxígeno o con precarias condiciones.
De acuerdo con ABC, disidentes detenidos por el régimen de Maduro también sufren el hacinamiento en celdas de tres por tres metros, donde son recluidos en grupos de cinco. Estas cárceles se conocen como las ‘tumbas de cemento’ por sus camas hechas del rústico material. En ellas, la comida es servida de forma intermitentemente. A veces, el desayuno llega a las las 6 de la mañana o pasado el mediodía. A pocos les importa, porque el menú lo conforman alimentos podridos o caducados.
La única rutina sin falta son las golpizas y si alguien las cuestiona es trasladado a otra de sede del martirio en Tocorón bautizado como ‘el tigrito’, en la cual la oscuridad y el estrecho espacio de un metro por un metro mina a las almas que añoran libertad.
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