Fuente: Panam Post
Por Gabriela Moreno
El Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, financiará con recursos públicos las terapias hormonales para el cambio de sexo en menores y mayores de edad, sin importar si la disforia de género ha sido diagnosticada clínicamente.
A dos meses de que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta incluida en la Ley de Presupuesto 2025, el mandatario impugnó la decisión de la plenaria legislativa ante el Tribunal Constitucional (TC), instancia donde logró luz verde para la controversial glosa 46 del ministerio de Salud, revela La Tercera.
“La odiosa Ley de Presupuesto 2025 deberá ser corregida. Este es un triunfo para todas las personas trans, en especial para los menores de 18 y sus familias”, divulga el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en su sitio web.
Maniobra ejecutiva
Todos parte de una jugada legal de La Moneda considerando que el Ejecutivo realizó dos intentos para lograr la acogida a trámite en el TC.
Aunque falló la primera vez, Boric afinó hace una semana su segunda propuesta en un documento de 48 páginas, con el respaldo del ministro de Hacienda, Mario Marcel; y el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Juntos, consignaron supuestos argumentos para convencer a los magistrados de la necesidad de las terapias hormonales que el Congreso refutó.
La gestión de Boric funcionó. El pleno del TC, con una votación 7-3 anuló la prohibición de financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad u hormonación cruzada establecida a la cartera de Salud, que hoy está en manos de Ximena Aguilera.
Alcances del fallo
La determinación del Tribunal Constitucional chileno implica que las terapias contarán con cobertura estatal cuando formen parte o sean en si una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada en menores de edad. Incluso, aprueba que se pueda incurrir en gastos de personal, bienes y servicio de consumo para operaciones de reasignación de sexo. Tal como España.
Sin embargo, la búsqueda del respaldo de la instancia legal para estas acciones que forman parte del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y del Programa de Salud Trans destinado a personas mayores de 18 años está llena de contradicciones.
Aguilera las expuso en su primera comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga a los programas. Ahí reconoció la necesidad de convocar a expertos de sociedades científicas para definir los lineamientos de hormonoterapia en menores de 18 años. También confesó que solicitó a la Superintendencia de Salud revisar consentimientos en posibles cirugías asociadas a reafirmación sexo genérica en jóvenes menores de edad.
De su comparecencia además quedó claro que no hay información precisa sobre este panorama en el país. Ni la ministra la maneja con certeza. De hecho, admitió que no hay un programa estatal que contemple la compra de hormonas para NNA con disforia de género pero aclara que hay médicos, quienes en el libre ejercicio de su profesión, recetan los tratamientos.
Red pública progre
Su despacho tampoco cuenta con un registro de cuántos niños y adolescentes reciben este tratamiento. Sólo existe la data del PAIG que arroja 1.900 pacientes con antecedentes de que alguno tuviera hormonoterapia de bloqueo. De ellos, al menos 600 estarían en tratamiento y tendrían diez años.
En el caso de Chile, el PAIG se implementa en la red asistencial desde abril de 2023 a través del acompañamiento psicosocial a los menores de edad hasta los 17 años y sus familias. En su primer año de funcionamiento, contabilizó 1.962 de inscritos, donde un 98% tienen edades entre los 10 y 17 años.
Mientras, el Programa de Salud Trans opera en 13 servicios de salud. Hasta agosto del año pasado sumó 433 pacientes mayores de edad que recibieron terapia hormonal asociada a reafirmación sexo genérica.
Ahora, sólo falta que el Ejecutivo aclare si el financiamiento que comienza a regir saldrá de 16 billones de pesos aprobadas en la Cámara para este año o hará un ajuste adicional.
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