Por Alim Seytoff y Roseanne Gerin – RFA Mandarín
El fabricante de automóviles alemán Volkswagen dijo el miércoles que vendió sus operaciones en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, donde Pekín ha sido acusado de abusos generalizados de los derechos humanos contra los uigures.
Activistas y expertos han acusado a VW de permitir el uso de mano de obra esclava uigur en su planta conjunta con la empresa estatal china SAIC Motor Corp. en Urumqi, la capital de Xinjiang.
En un comunicado , la compañía citó “razones económicas” para su retirada de Xinjiang, hogar de unos 12 millones de uigures predominantemente musulmanes, donde también tiene una pista de pruebas en Turpan.
“Si bien muchas plantas de SVW [SAIC-Volkswagen] se están transformando, o ya se han transformado, para producir vehículos eléctricos en función de la demanda de los clientes, se examinarán soluciones económicas alternativas en casos individuales”, señala el comunicado.
“Esto también se aplica al emplazamiento de la empresa conjunta en Urumqi”, afirmó. “Debido a razones económicas, el emplazamiento ha sido vendido por la empresa conjunta como parte de la reestructuración. Lo mismo se aplica a las pistas de prueba en Turpan y Anting [en Shanghái]”.
La planta fue vendida a Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification, o SMVIC, una subsidiaria del grupo estatal Shanghai Lingang Economic Development Group por un monto no revelado, informó Reuters.
La venta se produce dos meses después de que un experto que obtuvo una copia confidencial filtrada de la auditoría de Volkswagen de su planta conjunta en Xinjiang dijera que el documento contenía fallas que lo hacían poco confiable.
Volkswagen declaró en diciembre de 2023 que la auditoría de su planta de Urumqi no mostró indicios de violaciones de los derechos humanos.
Pero después de analizar el informe de auditoría filtrado , Adrian Zenz, miembro senior de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, encontró que, contrariamente a sus afirmaciones, la auditoría no utilizó estándares internacionales y fue realizada por examinadores cuestionables.
Zenz, un experto en Xinjiang, concluyó que la metodología de la auditoría era defectuosa e insuficiente y que el informe “no era adecuado para evaluar de manera significativa la presencia o ausencia de trabajo forzoso en la fábrica”.
Zenz calificó la noticia como una “gran victoria para los uigures”.
“Esta medida era necesaria desde hace mucho tiempo”, dijo a RFA. “Lamentablemente, fue necesaria la presión pública y mostrar el alcance total de la farsa de la auditoría”.
Fuerte presión internacional
Gheyyur Qurban, director de la oficina de Berlín del Congreso Mundial Uigur, que ha liderado actividades contra Volkswagen, dijo que la retirada de Volkswagen de Xinjiang no se debió a razones económicas, sino que estuvo vinculada a una fuerte presión internacional sobre la cuestión uigur.
Dijo que el Congreso Mundial Uigur, un grupo de defensa de los uigur con sede en Alemania, presionó al fabricante de automóviles para que abandonara la región y lo obligó a defenderse ante la comunidad internacional.
En el comunicado, Volkswagen también dijo que estaba extendiendo su acuerdo de empresa conjunta con SAIC hasta 2040 para introducir nuevos vehículos que satisfagan la creciente demanda del mercado chino de automóviles eléctricos. El acuerdo original estaba vigente hasta 2030.
La noticia se produjo mientras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 emitió una declaración expresando preocupación por la situación de los uigures en Xinjiang y los tibetanos en el Tíbet perseguidos por el gobierno chino.
El G7, o Grupo de los Siete, está formado por los principales países industriales: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos y la Unión Europea.
“Seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en China, incluso en Xinjiang y el Tíbet”, afirma la declaración, que insta a China a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y sus obligaciones legales.
Pero Rushan Abbas, presidente del comité ejecutivo del Congreso Mundial Uigur, dijo que la declaración cuidadosamente redactada era insuficiente.
“El genocidio persiste, las condiciones empeoran y siguen faltando acciones concretas”, dijo, refiriéndose a la violencia de China contra los uigures, que Estados Unidos y algunos parlamentos occidentales han reconocido como genocidio.
“Si bien es vital reducir los riesgos en las cadenas de suministro, esto debe ir acompañado de medidas audaces para exigirle responsabilidades a China por el trabajo forzoso patrocinado por el Estado”, dijo Abbas. “La concienciación exige acción. Instamos a las naciones del G7 a que vayan más allá de la retórica y lideren la tarea de exigirle responsabilidades a China por sus abusos de los derechos humanos”.
Editado por Malcolm Foster.
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