Fuente: Mundo Libre Diario
La Fiscalía General de Bolivia ha citado al expresidente Evo Morales para que declare en un caso de presunta trata de menores y estupro. La citación, que ha generado un gran revuelo en el país, se produce en medio de acusaciones de que Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años durante su mandato, de la cual habría nacido un hijo.
El fiscal general, Juan Lanchipa, confirmó que Morales deberá presentarse a declarar el próximo 10 de octubre en la ciudad de Tarija. Junto a él, también han sido citados los padres de la menor involucrada en el caso. Según Lanchipa, la investigación se inició tras denuncias presentadas durante el gobierno interino de Jeanine Áñez en 2019, pero ha cobrado nueva relevancia en los últimos meses.
Las acusaciones contra Morales incluyen no solo el delito de estupro, sino también la creación de una red de jóvenes menores de edad, conocida como “Generación Evo”, que supuestamente eran utilizadas para satisfacer sus deseos personales.
El ministro de Justicia, César Siles, ha señalado que los padres de la menor también están siendo investigados por presuntamente lucrar con la relación de su hija con el expresidente.
En respuesta a la citación, Morales ha calificado las acusaciones como una “persecución política” destinada a impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2025.
“El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”, escribió Morales en sus redes sociales.
La noticia ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores de Morales, especialmente entre los cocaleros del Trópico de Cochabamba, quienes han advertido con movilizaciones y “convulsión” si el expresidente es detenido. “No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, declaró Dieter Mendoza, dirigente de una de las federaciones.
Por su parte, la Fiscalía ha asegurado que el proceso se llevará a cabo con total transparencia y apego a la ley. “Estamos comprometidos con la justicia y no permitiremos que ninguna presión externa influya en nuestras decisiones”, afirmó Lanchipa.
El caso ha reavivado el debate sobre la justicia y la política en Bolivia, con opiniones divididas sobre la veracidad de las acusaciones y la motivación detrás de ellas. Mientras algunos ven en esto una oportunidad para que la justicia actúe sin importar el poder político del acusado, otros consideran que se trata de un intento de desacreditar a Morales y su movimiento político.
El pasado miércoles, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, sorprendió al país con la denuncia de que fue despedida de su cargo por el fiscal general por querer ejecutar una orden de captura contra Evo Morales y reveló el caso de trata de menores que lo involucra. Pero dicha orden de aprehensión contra el expresidente fue frenada por una jueza de Santa Cruz.
Sin embargo, un juez ordenó la restitución de Gutiérrez en su cargo y Lanchipa confirmó esta jornada que la fiscal Gutiérrez recuperó su puesto.
La investigación y acusaciones surgen en medio de una larga batalla de Morales con el presidente Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo boliviano.
A medida que se acerca la fecha de la declaración, la tensión en el país sigue en aumento. Las autoridades han reforzado la seguridad en Tarija y en otras ciudades clave para prevenir posibles disturbios. “Estamos preparados para cualquier eventualidad y garantizaremos la seguridad de todos los ciudadanos”, aseguró el ministro del Interior.
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