Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
Por Carlos Esteban
«No están enviando a los mejores», dijo en su día un Donald Trump al que le cayó la del pulpo en la prensa y por parte de sus rivales demócratas, quienes le atribuyeron falazmente el mensaje de que los ilegales que entraban por la frontera sur eran todos criminales.
Y, sin embargo, la realidad está confirmando lo que de verdad dijo el expresidente, a saber: que entre los millones de extranjeros que han cruzado clandestinamente la frontera con México hay un buen número de delincuentes. Y, añadimos ahora, con pleno conocimiento de la Administración Biden-Harris. Nuevos datos del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) revelan que más de 650.000 inmigrantes con antecedentes penales fueron liberados en Estados Unidos entre «mediados de mayo de 2023 y finales de julio de 2024».
En respuesta a una carta de marzo del representante Tony Gonzales (republicano de Texas), el subdirector del DHS, Patrick J. Lechleitner, escribe: «A 21 de julio de 2024 había 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales en el expediente nacional del ICE, que incluye a los detenidos por el ICE y a los que figuran en el expediente de no detenidos de la agencia. De ellos, 435.729 son delincuentes convictos y 226.847 tienen cargos penales pendientes». De estos, a su vez, más de 13.000 ilegales condenados por homicidio y 15.000 condenados por agresión sexual están deambulando por el país. «Ver las cifras en el papel demuestra lo real que es esta amenaza… los estadounidenses merecen sentirse seguros«, declaró Gonzales a Fox News.
Para el ICE, el problema se agrava espectacularmente por la existencia de las llamadas «ciudades santuario», municipios que se declaran en rebeldía contra la legislación migratoria, negándose a deportar a los ilegales o incluso informar sobre ellos, impidiendo el control más elemental de los delincuentes. «El ICE reconoce que algunas jurisdicciones están preocupadas de que la cooperación con los funcionarios federales de inmigración erosione la confianza en las comunidades inmigrantes y dificulte a las fuerzas de seguridad locales atender a esas poblaciones. Sin embargo, las políticas de ‘santuario’ pueden terminar protegiendo a criminales peligrosos, que a menudo victimizan a esas mismas comunidades».
La carta también destacó los esfuerzos del DHS para expulsar a los ilegales: «Desde mediados de mayo de 2023 hasta fines de julio de 2024, el DHS expulsó o devolvió a más de 893.600 personas, incluidas más de 138.300 personas en unidades familiares. La mayoría de todas las personas encontradas en la frontera suroeste durante los últimos tres años han sido expulsadas, devueltas o expulsadas», señala.
La Administración Biden fue criticada por liberar a muchos inmigrantes que llegaron a la frontera de Estados Unidos hacia el interior, lo que coincidió con una marcada caída de las deportaciones, ya que se centró en priorizar la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional. Hubo 142.580 expulsiones en el año fiscal 2023, un aumento considerable respecto de las 72.177 del año fiscal 2022 y las 59.011 del año fiscal 2021, pero aún por debajo de los máximos de 267.258 de la Administración Trump en el año fiscal 2019. informa Fox News
«Puede resultar chocante saber que la administración Biden-Harris está liberando activamente a decenas de miles de inmigrantes ilegales delincuentes en nuestras comunidades, pero sus propias cifras prueban de manera concluyente que es así. Esto desafía todo sentido común», dijo el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, a Fox News Digital.
«Bajo el presidente Biden y su ‘zar de la frontera’, la vicepresidenta Harris, se ha ordenado a las fuerzas del orden del DHS que liberen en masa a inmigrantes ilegales que saben que tienen condenas penales o enfrentan cargos por delitos graves, y estos individuos peligrosos y destructivos se están abriendo camino en todas las ciudades y estados de este país. ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o ser víctimas antes de que esta Administración se vea obligada a acatar las leyes que juraron defender? Esto es una locura. Es algo que ninguna sociedad civilizada y que funcione bien debería tolerar», concluyó.
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