Fuente: Informe Orwell
En medio de la implementación del programa «Jóvenes en Paz», lanzado por el gobierno socialista de Gustavo Petro, han surgido serias denuncias que ponen en duda la transparencia del proceso. Este programa, que otorga un millón de pesos mensuales a jóvenes para «evitar que cometan delitos», ha comenzado a realizar pagos, pero no sin controversia.
La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, ha dado a conocer una preocupante irregularidad: 460 transferencias se han realizado a personas que, según los registros oficiales, habrían nacido en 1899, lo que implicaría que tienen 125 años y ya habrían fallecido. La mayoría de estos beneficiarios sospechosos estarían registrados en Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó).
“¿Cómo es posible que nuestros recursos terminen en manos de personas inexistentes o fallecidas? Esto es una muestra clara de la falta de control y transparencia en la administración de este programa”, expresó Arbeláez, exigiendo una auditoría inmediata por parte de la Contraloría General de la República.
El Ministerio de Igualdad, responsable de la ejecución del programa, ha respondido a las acusaciones indicando que el sistema de datos se encuentra en un proceso de migración hacia un nuevo software, lo que podría haber ocasionado errores en la base de datos. Sin embargo, esta explicación no ha calmado las críticas ni las dudas sobre la correcta gestión de los recursos públicos.
El programa «Jóvenes en Paz», lanzado oficialmente en diciembre de 2023 por el gobierno de Petro fue ampliamente criticado, debido a que muchos alegaron que se trataba de una extorsión por parte de grupos de delincuentes para recibir ayudas del Estado sin tener que trabajar.
“¿Van a financiar los colectivos chavistas?”, se preguntó la parlamentaria Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical al momento de su lanzamiento.
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