China ha sido denunciada en numerosas oportunidades por violaciones a los derechos humanos. No obstante sus acciones de persecución de opositores fuera de sus fronteras ha llegado a la justicia en Argentina, donde los practicantes de Falun Dafa han promovido diversas causas por acciones inconcebibles por parte del régimen comunista.
¿Qué es Falun Dafa y porque son objeto de persecución de China?
Falun Dafa es una práctica espiritual china que combina meditación y ejercicios con una enseñanza moral centrada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. La práctica enfatiza la moralidad y el cultivo de la virtud, y se identifica como una práctica de qigong de la escuela budista. A través de la rectitud moral y la práctica de la meditación, los practicantes de Falun Gong aspiran a eliminar los apegos y, en últimai instancia, lograr la iluminación espiritual.
La persecución ha sido tan sistematizada que China creó una unidad especial para este fin. La Oficina 610 fue una agencia de seguridad en la República Popular China. Nombrada por la fecha de su creación, el 10 de junio de 1999, fue establecida con el propósito de coordinar e implementar la persecución de Falun Dafa. Debido a que fue una oficina del Partido Comunista dirigida sin mandato legal formal, fue a veces descrita como una organización ilegal. En marzo de 2018, la oficina fue reorganizada y sus funciones delegadas a la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos y el Ministerio de Seguridad Pública. Uno de los primeros y más importantes funcionarios de esta agencia cuasiparalela fue Luo Gan, responsable del inicio de esta persecución. Esto hizo que cuando Gan estuvo en el país, hubo una presentación judicial en Argentina que pasamos a detallar.
Causa por genocidio radicada en 2005 contra Luo Gan
La visita del funcionario chino a Argentina en 2005 motivó la querella de los practicantes de Falun Dafa en Argentina. La causa nº 17.885/2005 fue caratulada como “LUO GAN s/ imposición de torturas (art. 144 inciso 1° del Código Penal) y genocidio” y fue radicada en Juzgado Federal nº 9. En diálogo con Alejandro Cowes, abogado patrocinante de la querella, nos explicó que:
“Esta causa aplica el principio de jurisdicción universal para investigar y eventualmente juzgar los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el territorio de China Continental contra aproximadamente cien millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa. Esto es posible porque Argentina es firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la visita de un genocida como Luo Gan a nuestro país, activó la posibilidad de que pidamos se lo lleve ante la justicia por crímenes de lesa humanidad.”
La causa fue aceptada por el juez interviniente en ese entonces, quien al mismo tiempo se declaró incompetente por pertenecer, la competencia originaria, a la Corte Suprema, dada la inmunidad declarada sobre el denunciado. Poco después, la Corte devolvió los autos al juzgado para que avanzase aquí la investigación, dado que la competencia ya no le correspondía desde el momento en que el denunciado ya no gozaba de inmunidad por encontrarse fuera del país.
Desde entonces, la investigación avanzó notablemente, con numerosos informes, como ser aquellos de los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, e investigaciones imparciales; recibiendo también declaraciones testimoniales de diversas víctimas que viajaron desde distintos países para declarar, así como numerosas declaraciones de víctimas tomadas por el Juez en el Consulado Argentino en Estados Unidos.
Finalmente, en diciembre de 2009, con suficientes elementos probatorios, el juez decidió citar a dos ex altos funcionarios chinos, máximos responsables del genocidio –Jiang Zemin y Luo Gan- para tomarles declaración indagatoria, y ordenó para ello su captura a Interpol.
China intentó frenar la causa
Pronto se agregó al expediente una “Nota Verbal” de la Embajada China exigiendo el “cierre [de] todas las causas” relacionadas con Falun Gong, y días después, en el mes de enero, el juez Canicoba Corral, apenas comenzó su breve interinato en el juzgado durante la Feria Judicial, revocó aquel fallo. Dos meses después, el nuevo Juez Subrogante, el Dr. Julián Ercolini, archivó los autos, citando la nota verbal de la embajada y fundamentándose en la falta de impulso fiscal en una causa que podría afectar las “relaciones” políticas.
¿Como sigue la causa?
El fallo fue apelado y la cámara, el 21 de diciembre de 2010, invalidó los argumentos del juez de primera instancia. Además reconoció la aplicación de la jurisdicción universal en esta causa. Sin embargo, decidió sostener el archivo, fundamentándose en la aplicación del principio Ne bis in ídem respecto de la presunta existencia de una causa similar en España, aunque sin que existiese en el expediente verificación alguna sobre la misma.
En abril de 2013, la Sala III de la Cámara de Casación Penal decidió reabrir la causa, basándose en que la “la mera invocación de una garantía no es suficiente para decidir una investigación, ni menos para paralizarla”. Al mismo tiempo remarcó que “es de rigor frente a hechos de la naturaleza de los que se exponen, poner el máximo esfuerzo en su determinación, empeño dicho y repetido por la Corte Suprema…”. Con la causa ya de vuelta en el Juzgado Federal nº 9, en julio de 2013 el nuevo juez titular, el Dr. Luis Osvaldo Rodríguez, exhortó vía diplomática al Juzgado de España solicitando copia de las actuaciones más relevantes de expediente.
El 3 de junio de 2014, el Juez Rodríguez, sin actualizar la información del expediente de España que contaba con casi un año de atraso, decide archivar nuevamente la causa aplicando el ne bis in idem a favor de ese expediente. El 28 de octubre de 2014, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió hacer lugar al reclamo de la querella y revocar el fallo de archivo.
Actualmente la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones, que debe resolver un planteo de nulidad pendiente presentado por la querella en 2010, antes del largo proceso de apelaciones, por medio del cual la querella pretende que se anule la revocación –por infundada y por dictarse sin capacidad legal por un juez interino en feria judicial– de la orden de captura del ex líder del Partido Comunista Chino Jiang Zemin y su mano derecha Luo Gan, de manera que se prosiga con dicho trámite para tomarles declaración indagatoria.
