Este jueves, querellantes en la causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro e integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas han solicitado a la Justicia que disponga la “inmediata orden de detención internacional” contra el líder socialista y los demás acusados, ampliando la denuncia ya establecida contra ellos.
En este sentido, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado Tomás Farini Duggan, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, elevaron la solicitud de captura de Maduro por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que el régimen chavista cometió, tras la turbulenta jornada electoral del pasado domingo.
Los incidentes ocurridos luego de proclamarse a Maduro como ganador de las elecciones -sin haber mostrado ningún acta que respalde los resultados cuestionados por la oposición- desató una ola de caos y protestas en todo el país que llevó a la represión violenta con secuestros y desapariciones y cientos de detenciones, dejando un saldo de al menos once muertos.
Un fragmento del escrito presentado, publicado por Infobae, reza: “Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”.
“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, continúa la presentación.
Wolff y Farini Duggan además pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.
La ampliación de la denuncia en la causa abierta que mantiene Argentina contra el régimen chavista desde 2014 -en la que se investigan delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas y homicidios cometidos contra dirigentes opositores-, mediante la aplicación del principio de jurisdicción universal contemplado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, permite juzgar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Otros casos de aplicación de la jurisdicción universal en Argentina
El derecho internacional permite que todos los Estados se encuentren facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.
Argentina ha sido ejemplo a nivel mundial en otras ocasiones en la aplicación de este principio. Pues ha sido el primer país en el mundo en juzgar las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh) contra la disciplina espiritual milenaria china Falun Dafa, también conocida como Falun Gong.
Falun Dafa se describe como una disciplina antigua basada en una serie de ejercicios simples y meditación con beneficios comprobados para la salud física y espiritual de las personas. Además, sus enseñanzas se basan en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia como pilares fundamentales para desarrollar la espiritualidad de quienes practican la disciplina.
El PCCh, sin mayores argumentos, en 1999 declaró ilegal la práctica de Falun Gong y lanzó una campaña masiva para erradicar la fe popular de todo el país, encarcelando a millones de personas durante las siguientes décadas.
Desde entonces, miles de practicantes de Falun Gong han muerto como resultado de torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, y el número sigue aumentando hasta el día de hoy. Además, los practicantes de Falun Gong y sus familias han sido objeto de un acoso implacable por parte del aparato estatal, incluyendo la existencia de un sistema perverso de sustracción forzada de órganos por parte del PCCh, alegando sufrir el peor genocidio de las últimas décadas.
En diciembre del año 2005 representantes de Falun Dafa en Argentina presentaron una denuncia contra dos ex altos funcionarios del gobierno Chino, Luo Gan y el ya fallecido, Jiang Zemin. El primero era el jefe de la “Oficina 610”, encargada de la represión y persecución contra los practicantes de la disciplina, y el segundo es el expresidente de China y líder del PCCh y principal responsable de ordenar la prohibición y persecución contra Falun Dafa.
En enero del 2006 el Juez Octavio Aráoz de Lamadrid resolvió abrir la causa bajo el nro. 17.885/2005 y comenzar una profunda investigación que duró casi cuatro años.
El juez comprendió la gravedad de los hechos denunciados y lo trató con la celeridad y responsabilidad que merecían. Tal es así que viajó especialmente a Estados Unidos para escuchar los testimonios de 17 testigos chinos que habían huido de la persecución, además allí recibió importante documentación probatoria que fue utilizada para su resolución.
El 17 de diciembre de 2009, tras haber recopilado las pruebas suficientes ordenó la captura internacional de los acusados, lo que permitía que cualquier país del mundo los detuviera y los enviase a Argentina para ser indagados y así proseguir con el juicio.
El fallo sentó un precedente jurídico histórico tanto para la Argentina como para el mundo, por la posibilidad de enjuiciar extraterritorialmente a extranjeros acusados de crímenes de lesa humanidad, aplicando el principio de jurisdicción universal.
El antecedente judicial en la causa de Falun Gong además abrió el camino legal en Argentina para llevar adelante otra denuncia bajo la aplicación del mismo principio, presentada en 2022 por un grupo de abogados en defensa de los derechos de la minoría musulmana uigur en China, que también son víctimas de una brutal persecución y genocidio perpetrado por el régimen chino.
Envía tu comentario
Últimas
