Millones de venezolanos en el extranjero enfrentan obstáculos para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, debido a las restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
De los aproximadamente ocho millones de venezolanos que han emigrado, según datos de la ONU, solo 69.211 están habilitados para sufragar en el exterior, una cifra menor a los 110.000 registrados en las elecciones anteriores.
Venezuela cuenta con una población de 29,4 millones, de los cuales 21,4 millones podrían teóricamente votar. Sin embargo, las trabas burocráticas limitan severamente la participación de la diáspora.
Estefania Parra Anselmi, coordinadora internacional de Voluntad Popular, explica: «De los ocho millones de venezolanos que viven fuera de su país, alrededor de cinco millones son mayores de edad y deberían poder votar en las elecciones, pero solo 69.000 están habilitados para hacerlo».
Colombia, con 2,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos, se ha convertido en el epicentro regional del éxodo. Muchos esperan que las elecciones generen un cambio, pero enfrentan dificultades para inscribirse y obtener documentos como el pasaporte vigente, requisito para votar en el exterior.
En España, país europeo que más migrantes venezolanos acoge, líderes opositores como Dinorah Figuera, Antonio Ledezma, Diego Arria y Leopoldo López trabajan en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Temen que Maduro no acepte los resultados o los manipule, por lo que han solicitado a los gobiernos europeos tomar medidas para prevenir el fraude.
Brasil presenta un escenario complicado. De los siete consulados que Venezuela tenía en el país, cinco cerraron entre 2019 y 2022, limitando los lugares de votación a la Embajada en Brasilia y el Consulado General en San Pablo. Aunque no hay cifras claras, se estima que unos 125.000 venezolanos viven en Brasil amparados por la Operación Acogida.
En Perú, de los 1,5 millones de venezolanos residentes, solo 589 están habilitados para votar, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mayoría no ha podido inscribirse debido a los requisitos de residencia permanente, pasaporte vigente y cédula de identidad.
Argentina presenta una situación similar. De los aproximadamente 250.000 residentes venezolanos, solo 2638 podrán votar. Elisa Trotta, quien fue representante del gobierno encargado de Juan Guaidó en ese país, señala: «Este voto tiene un simbolismo especial y los habilitados lo harán para expresar su deseo de cambio político».
En diálogo con Mundo Libre Diario, Adriana Flores Márquez, coordinadora de Vente Venezuela en Argentina y directora de campaña del candidato opositor a la presidencia venezolana, Edmundo González, recordó que parte de su comando de campaña se encuentra preso o asilado en la embajada argentina en Venezuela.
Flores Márquez dejó en claro que esta no es una campaña típica ni tradicional, ya que se enfrentan a un «régimen totalitario» que «ha demostrado lo que es capaz de hacer». Sin embargo, se mostró esperanzada ya que, aseguró, el chavismo «ha perdido sus bases políticas y sociales».
En Italia, la situación se complica por la doble nacionalidad de muchos residentes. Mientras la Embajada venezolana reporta 13.548 venezolanos en el país, el comando opositor estima entre 300.000 y 350.000 italovenezolanos. María Claudia López, presidente de la asociación italovenezolana, denuncia: «Los consulados han pedido requisitos imposibles de cumplir, impidiendo que muchos voten».
La oposición venezolana también enfrenta obstáculos para acreditar a sus testigos electorales dentro de Venezuela. Delsa Solórzano, exdiputada y representante ante la CNE, denuncia: «No se ha podido avanzar en la acreditación masiva de testigos debido a un sistema que, pareciera, está diseñado para ralentizar el proceso». La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirma haber inscrito a más de 90.000 testigos, pero problemas técnicos impiden la impresión de las credenciales necesarias.
Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, señala: «Hay testigos que ya están cargados y han sido aprobados, pero cuando se van a verificar el sistema dice que no existe ese testigo». Perkins Rocha, asesor de campaña de la PUD, advierte: «Sin la constancia de acreditación, dudo que el Plan República les dé acceso a los centros».
La oposición ha notificado por escrito al CNE sobre estos problemas, pero no ha recibido respuesta. Solórzano explica: «Nosotros comenzamos a llevar comunicaciones al CNE el pasado jueves. A esta hora del día martes todas las comunicaciones siguen en la taquilla esperando el sello de recibido, porque señalan en correspondencia que no tienen autorización para recibir nuestras comunicaciones».
Edmundo González Urrutia, de 74 años, candidato de la PUD, lidera las encuestas tradicionales. Fue postulado en lugar de María Corina Machado, quien ganó las primarias pero está inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos.
Nicolás Maduro, de 61 años, busca su tercer mandato, lo que lo proyectaría a 18 años en el poder. El dictador acusa constantemente a la oposición de planear denunciar fraude y desconocer los resultados, que asegura le favorecerán.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio son un gran desafío para la democracia venezolana, con millones de ciudadanos en el exterior prácticamente excluidos del proceso electoral y la oposición enfrentando obstáculos para garantizar la transparencia del sufragio.
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