Por Gabriela Moreno – Panampost.com
El régimen de Cuba nunca lo sospechó, pero pasó. En 2021, un 11 de julio, el país se hartó de la miseria, la pobreza, del poder despótico del castrismo y tomó las calles. Fue inédito. En aquel momento, justo ese día, el grito de “Patria y Vida” resonó, el temor a la policía acabó y poco sirvieron las golpizas de los agentes de la dictadura. Aquel hecho dejó 1400 detenidos, de los cuales 700 permanecen tras las rejas. Es por ello que, en la víspera de esta fecha, la dictadura que lidera Miguel Díaz-Canel ha urdido sus peores artimañas para acallar una nueva rebelión marcada por lo simbólico.
Los esbirros de la seguridad pública tienen sus ojos en Bayamo, Granma; en Carreta del Morro, Distrito José Martí y El Cobre, en Santiago de Cuba; y en Santa Marta, Matanzas. Son la cuna del descontento y las movilizaciones. La tensión abunda, porque la dictadura se ha encargado de intimidar con sus uniformados para controlar cualquier posible jornada de protesta.
Los funcionarios vigilan a activistas, disidentes y periodistas independientes. Les advierten “lo inconveniente” que resultaría “celebrar” las manifestaciones que hace tres años sacudieron de tal manera al castrismo, que incluso el propio Raúl Castro tuvo que salir de su escondite a mostrarse unido con Díaz-Canel. Así esta dupla trató de brindar una imagen de fortaleza al mundo, en medio de los gritos desesperados de una ciudadanía que exigía el fin de más de sesenta años de comunismo.
Con amenas oficiales por escrito
Las amenazas son oficiales y hasta personalizadas para infundir temor este 11J, según revela 14yMedio. Ya Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia figura en la lista de los activistas citados por la Seguridad del Estado en Pinar del Río. En la instancia, recibió una alerta judicial por escrito donde le sugieren que su participación en movilizaciones ciudadanas incurrirá en seis delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos, incitación a la violencia, asociación para delinquir, desestabilización de la paz internacional y violación de preceptos constitucionales.
“No se deje influir por personas y asociaciones de dentro y fuera de Cuba que pretenden involucrarlo en la organización de actos en contra del Gobierno” le dijeron. El mismo mensaje recibió el escritor Raymar Aguado tras su citación al Consejo Cayo Hueso de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para una “entrevista”.
“¿Recuerdas lo que pasó hace unos años? Eso es lo que no puedes hacer” escuchó en el recinto. El amedrentamiento no lo espanta. Sabe que “el autoritarismo del Estado cubano está nervioso”. Incluso, desafía al poder porque “ante un estallido desde abajo: proletario, popular, antiautoritario, no sé, no me podré resistir”, confiesa.
A ellos se suma el interrogatorio al periodista José Luis Tan Estrada para obligarlo a abstenerse de publicaciones en sus redes sociales y asistir a lugares públicos. De lo contrario, lo detendrían por desobediencia y desacato.
Represión sin justicia
Cifras de la organización Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registran 1.113 detenciones por razones políticas desde el 11j en Cuba. De ellas, al menos 671 permanecen privadas de libertad por participar en las manifestaciones de 2021. Las historias detrás de los números exponen la tragedia social de una isla sometida hace más de seis décadas por el comunismo.
Marta Perdomo, madre de los presos Nadir y Jorge Martín Perdomo, está en crisis. El régimen los confinó por separado, a 100 kilómetros de distancia. Jorge está en la prisión Ho Chi Minh y Nadir en la cárcel de Quivicán, “Están torturando a Jorgito y a toda la familia por el simple hecho de levantar nuestra voz por todas las injusticias que les han hecho y les están haciendo” denuncia.
El régimen aumenta los cercos comunicacionales desde el 11j en Cuba para evitar que los testimonios de los casos trasciendan a los medios con el Decreto-Ley 35 que, junto a otras normativas, restringe el uso de internet. Evitar la convocatoria a protestas a través de las redes sociales es su único propósito. Ya conocieron el poder del alcance de las plataformas de interacción.
Por ello, la Asamblea Nacional también aprobó sancionar con hasta diez años de cárcel a quien provea, reciba o posea fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional” luego del 11J en Cuba.
El impacto es visible. Casi dos millones de cubanos emigraron entre 2022 y 2023. De acuerdo con un reconocido economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campo, de los 11 millones de habitantes, el país ahora contabiliza 8,6 millones. La diáspora acelera el cumplimiento de la proyección del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, cuya estimación apunta a una población 4,5 millones de personas en Cuba para 2100.
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