Por Marcelo Duclos – Panampost
Cuando Alberto Fernández se presentaba en el debate presidencial de 2019, le repetía a sus rivales ante las críticas de la corrupción del kirchnerismo, que él nunca había sido citado por la Justicia. La cuestión de la supuesta decencia del profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue su único escudo de defensa durante su gestión, la que muchos consideran que se trata de la peor de la democracia argentina.
No pasó mucho tiempo para que esa Justicia que nunca lo había citado antes de ser el presidente de la Nación lo solicitara, justamente por algo vinculado con lo que Fernández le esquivaba: corrupción.
El escándalo de los seguros que tuvo lugar durante su mandato (2019-2023) está vinculado con la obligatoriedad de los jubilados cada vez que decidían solicitar un crédito, que necesariamente tenían que pasar por el Banco Nación (estatal, lógicamente), para pagar por la póliza que brindaba el departamento de Nación Seguros. El tema es que allí, casualmente, se encontraban personas de la íntima confianza del expresidente, que ahora también están imputadas en la causa.
La investigación reveló que en estas operaciones trabajaban unos brokers que facturaban el triple al precio usual del mercado para operaciones similares. Se estima que, producto de estos negociados, podrían haberse generado ganancias de alrededor de 20 millones de dólares.
El 10 de abril el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de los bienes de Fernández, además de pedir que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma suerte corrieron los hombres que se desempeñaban en Nación Seguros. En total hay 33 personas y empresas investigadas por el escándalo.
En sintonía con la modestia que Alberto Fernández pretendía mostrar (vale recordar que antes de mudarse a la Quinta de Olivos vivía en el departamento de un amigo en Puerto Madero), el expresidente informó en su declaración jurada al momento de irse del poder un escueto patrimonio. Algo que no coincide ni por casualidad con su cena de Navidad en España, que generó un escándalo en Argentina.
Lo que algún “mal pensado” puede considerar que tenga, no está declarado.
Sin embargo, no puede esquivar la inhibición ordenada por Ercolini relacionada con la participación de 50 % que tiene en su bufete, que está inscripto a nombre de una sociedad (Inmueble Callao SA.). Ante el requerimiento judicial, se corroboró que su participación societaria en esta firma también tiene un valor que poco condice con su ubicación en una de las zonas más caras de Buenos Aires.
A partir de este momento, Alberto Fernández, y otros imputados como su exsecretaria María Cantero (esposa del broker Héctor Martínez Sosa, también imputado), no tendrán el manejo de sus bienes declarados, como tampoco el acceso a sus cajas de seguridad en los bancos.
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