Por José Gregorio Martínez – Panampost
La represión y persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, que se ha elevado en los últimos días como parte de las maniobras de la dictadura para impedir la participación de la oposición en las presidenciales pautadas para el 28 de julio, llevaron a un grupo de 243 parlamentarios de 12 países de Latinoamérica a levantar su voz en un comunicado conjunto en el que de manera inédita respaldan que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avance con sus investigaciones que podrían llevar a juicio a Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay alertaron que “la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante, manifestándose en más detenciones arbitrarias y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma”.
El documento también hace particular referencia a la “persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, sindicatos, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos o personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro”, quien busca la reelección en unos comicios plagados de irregularidades como el impedimento de postulación de candidatos sin argumento alguno y las trabas puestas para la inscripción y actualización en el registro electoral de los venezolanos en el exterior.
Por este motivo, los parlamentarios latinoamericanos, entre los que se encuentran los senadores colombianos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe, son contundentes en su respaldo al alto tribunal internacional que podría llevar al banquillo al dictador venezolano:
“Apoyamos plenamente las investigaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo actualmente en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano para exigir la responsabilidad de sus autores”.
Como parte de este proceso contra el Estado venezolano por presuntos crímenes cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014, la Sala de Apelaciones de la CPI falló el pasado 1 de marzo en contra del recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro, autorizando así al fiscal Karim Khan a continuar con la investigación que podría derivar en un juicio en el alto tribunal internacional contra el dictador venezolanos y funcionarios de los organismos de seguridad bajo el mando del régimen chavista.
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