Insólitamente una propietaria fue arrestada y enfrenta una difícil batalla legal después de descubrir ocupantes ilegales en su propiedad familiar valorada en un millón de dólares, en un tranquilo barrio de Queens, en Nueva York.
Adele Andaloro, de 47 años, heredó la propiedad con la intención de venderla, pero se encontró con una situación inesperada: alguien había cambiado las cerraduras y se había instalado en la casa.
El incidente se desencadenó cuando Andaloro, acompañada por cámaras de ABC7 quiso entrar a la casa al encontrar abierta la puerta. Al ingresar, se encontró con dos hombres, uno de los cuales afirmó haberse mudado solo dos días antes.
Con mediación de la policía, Andaloro logró echar a los hombres que no pudieron probar que habían ocupado la casa por más de 30 días y debieron salir. La mujer inmediatamente llamó a un cerrajero, quien cambió las cerraduras de la casa, a pesar de la advertencia policial para que no lo hiciera.
Seguidamente, una vez que se retiró la policía, los ocupantes regresaron a la vivienda y buscaron extorsionar a Andaloro por dinero. Entonces la propietaria llamó nuevamente a los oficiales de policía quienes finalmente indicaron que la disputa debía resolverse en los tribunales, ya que se consideraba un asunto entre propietario e inquilino y estaba fuera de su jurisdicción.
Pero increíblemente a Andaloro la esposaron y se la llevaron detenida por haber cambiado las cerraduras, algo que está prohibido por la ley de desalojo de Nueva York, ciudad donde las políticas izquierdistas parecen proteger y avalar la ilegalidad.
La ley de NY
La ley de desalojo de Nueva York complica el panorama para los propietarios en casos de ocupación ilegal. Si bien los ocupantes ilegales pueden presentar un reclamo de posesión adversa después de 10 años de ocupación ininterrumpida, adicionalmente se les otorgan derechos después de solo 30 días de ocupación.
Es entonces ilegal cortar los servicios públicos, cambiar cerraduras y retirar las pertenencias de alguien que dice ser inquilino, según la ley de la ciudad.
Esto significa que los propietarios deben iniciar un procedimiento de desalojo tan pronto como se descubra la ocupación ilegal, lo que prolonga el proceso y dificulta la rápida recuperación de la propiedad.
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