Fuente: Informe Orwell
La más alta instancia judicial de Estados Unidos, la Corte Suprema, ha tomado una decisión trascendental al permitir que Texas implemente una ley que autoriza el arresto y la deportación de personas que ingresan al país de manera ilegal. Esta medida ha sido rechazada por la administración del presidente Joe Biden, quien la considera una injerencia sin precedentes en el poder federal para establecer políticas de inmigración.
La decisión de la Corte Suprema llega tras un intenso debate legal y político que ha caracterizado la campaña presidencial de 2024. Encuestas recientes muestran que los votantes critican severamente la gestión de Biden en materia fronteriza, convirtiendo la inmigración en uno de sus principales puntos débiles de cara a una posible revancha con el ex presidente Donald Trump.
El estado de Texas ha argumentado una amplia autoridad para abordar la inmigración ilegal, sosteniendo que la Constitución de Estados Unidos le otorga el poder de defenderse contra el flujo migratorio. Texas se ampara en una disposición constitucional que permite a los estados involucrarse en la guerra y tomar otras acciones cuando están «realmente invadidos».
La ley, conocida como SB4, establece como delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Estados Unidos a través de Texas. Además, permite a los jueces estatales ordenar a algunos inmigrantes indocumentados abandonar el país, encargando a los agentes del orden de Texas garantizar el cumplimiento de estas órdenes.
La administración de Biden ha argumentado que el gobierno federal tiene la autoridad exclusiva para interpretar y aplicar la ley de inmigración del país. Señalan que la medida de Texas no puede conciliarse con una decisión de la Corte Suprema de 2012 que anuló partes clave de una ley similar de Arizona.
A pesar de que un juez federal de distrito bloqueó la ley el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, suspendió esa decisión mientras el caso estaba en apelación. La administración entonces solicitó a la Corte Suprema levantar la orden del Quinto Circuito y evitar que la ley entre en vigor.
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