En medio de un escenario pre electoral, que implica un reacomodo de las fuerzas políticas y la reactivación de la agenda de calle, el derecho a la libertad de expresión se posiciona como elemento fundamental para la consolidación de una sociedad democrática. Las restricciones impuestas desde las instituciones del Estado y mediante el discurso oficial limitan de manera directa la labor de periodistas y medios de comunicación, así como el derecho de las personas a mantenerse oportunamente informadas.
Durante el 2023 se registraron al menos 204 casos, lo cual representa una disminución del 11% con relación al número de situaciones registradas en el 2022. Aunque este año 2023 registra la menor cantidad de eventos en la última década, la incidencia se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013. Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal respecto al año anterior.
El mes con mayor número de casos fue mayo (27), esto motivado a los ataques sufridos por la prensa en distintos estados del país. Octubre (22) y septiembre (21), completan la lista de los estados con más situaciones. En promedio, se registraron al menos 17 casos mensuales.
En el 2023 se contabilizaron 384 denuncias de violaciones, lo cual representa una disminución del 18% con respecto al total de violaciones registradas en el 2022, cuando ocurrieron 470 incidencias. La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022 no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones. La menor incidencia es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conflictividad social y política.
Impedimentos a la cobertura
La principal violación registrada en este periodo fue la intimidación, la cual suma casi un tercio del total de incidencias. Esta violación está vinculada principalmente a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores.
El 15 de febrero, un vigilante del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango 3 al impedirles que ingresaran al centro de salud pública para hacer una cobertura periodística. Civira, periodista de El Periódico de Monagas y corresponsal de La Patilla, explicó que el hecho ocurrió luego de que ambos reporteros cubrieron una pauta en la Unidad de Infectología, fuera del centro de salud. Los periodistas querían buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares.
El 27 de diciembre, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prohibieron que las y el periodista Ruth Lara Castillo, María Torres y Juan Carlos Hernández 4 grabaran e hicieran cobertura periodística del derrame petrolero que ocurrió el 26 de diciembre, en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo. En la tarde de ese día, ya había reportes en redes sociales y medios independientes de lo ocurrido. Al día siguiente, los periodistas se acercaron a la zona costera afectada a buscar testimonios, material gráfico y mayor información, pero les fue impedido hacer su trabajo.
Detenciones arbitrarias
En el 2023 contabilizamos al menos 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65% con relación al año pasado, cuando registramos 17 detenciones. Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. Estas detenciones suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Dicha situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, o el seguimiento y la posterior criminalización de mensajes de interés público.
La ciudadana Yrasema Malavé fue detenida el 10 de mayo, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) mientras le daba una entrevista virtual a la periodista Sebastiana Barráez sobre el caso de su hija desaparecida en Valencia, estado Carabobo. Según contó la periodista Angélica Arena, quien ha seguido el caso de Malavé, desde que su hija desapareció ha estado publicando y difundiendo videos para buscar formas de que el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, se pronuncie.
Cerca de la medianoche del 22 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron arbitrariamente al activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, sacándolo a la fuerza de su vivienda por expresarse en contra del gobierno a través de la red social X (anteriormente Twitter). La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, detalló a Espacio Público que Nelson Piñero es una persona “muy crítica” del gobierno de Nicolás Maduro y sus tuits suelen generar polémica, por lo que en oportunidades anteriores ha sido amenazado por cuentas anónimas o bots vinculados con el oficialismo.
Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron el 26 de diciembre al teniente coronel del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, Alfredo Lizcano, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que exigía derechos laborales para los trabajadores de ese órgano. En el video, Lizcano se dirige al Ministerio Público y al gobierno nacional y acusa al ministro de Interior y Justicia de no atender las exigencias de los cuerpos bomberiles del país. Tras la detención de Lizcano, grupos de bomberos de Miranda y del Distrito Capital mantuvieron reuniones con organismos del Estado para interceder por su liberación. Pasadas las seis de la tarde del 26 de diciembre, el abogado Eduardo Torres informó en su cuenta de X que el teniente coronel Lizcano ya estaba en libertad.
Cierre de emisoras radiales
Luego de que el 2022 se convirtiera en el año con mayor número de emisoras cerradas en las últimas dos décadas, el cerco impuesto a los medios de comunicación desde el gobierno central se mantiene, limitando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Durante el 2023 registramos al menos el cierre de 12 emisoras que transmitían en señal abierta en siete estados del país y el Distrito Capital.
La Conatel ordenó mediante un oficio el cese de las transmisiones de la emisora tachirense Éxtasis 97.7 FM 11, además del cese de operaciones y el apagado de los equipos el 21 de julio de 2023, después de 29 años de radiodifusión desde la ciudad de San Cristóbal, en la entidad andina. José Luis Rincón, director de la emisora, explicó que funcionarios de la Comisión llegaron a la emisora cerca de las 2:00 p.m. e hicieron entrega de los oficios. Aclaró que la emisora “ha sido abierta a todos los pensamientos, a todas las ideas políticas. Es una radio que se ha ocupado del tema ambiental, cultural, deporte, educación, temas sociales. Hemos cumplido con la responsabilidad social con el Táchira y el país”.
Funcionarios de la Conatel decomisaron los equipos de la emisora Mariana 100.7 FM que salía al aire desde la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, según aseguró el portal de noticias Mundo Oriental. Este hecho ocurre un día después de la detención del alcalde de la entidad, Ernesto Paraqueima, quien tenía un espacio en esa emisora hace cuatro años y, en un audio (se desconoce si fue desde su programa), emitiera mensajes despectivos hacia un mural pintado por niños y niñas de condición asperger. Por este hecho, Paraqueima fue detenido el 4 de mayo e imputado en Caracas por promoción al odio, y otros cargos. Al día siguiente se presentaron funcionarios de Conatel en Mariana 100.7 FM, junto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y decomisaron todos los equipos de transmisión, dejando a la estación fuera del aire.
El 29 de junio, la emisora más antigua del país, Radio Caracas Radio (RCR), perteneciente a las empresas del Grupo 1BC, anunció el cese definitivo de sus transmisiones vía web, luego de 93 años de labor ininterrumpida. La decisión se debió por la imposibilidad de mantener económicamente las operaciones digitales. Desde hace cuatro años, RCR operaba solo en línea debido a la salida del aire de su señal 750 AM, por órdenes de la Conatel el 30 de abril de 2019, fecha en que mediante un oficio administrativo le negaron la renovación de los “títulos administrativos de concesión para la operación”.
Violaciones al derecho en contextos electorales
El 22 de octubre se realizó la elección primaria para elegir la candidatura unitaria que se medirá al oficialismo en la elección presidencial de 2024. Este evento fue organizado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de manera autogestionada, sin el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero con el respaldo de distintas organizaciones sociales y políticas.
A pesar de tratarse de un proceso organizado y llevado a cabo por un sector político en particular, pudimos documentar que la Conatel limitó la cobertura de los eventos vinculados a la primaria opositora mediante llamadas y comunicaciones informales de responsables regionales y nacionales de Conatel a directivos y propietarios de las emisoras de radio y televisión, alegando que los medios que “no están obligados” a dar cobertura al evento porque cuenta con el apoyo del CNE; en otros casos se planteó directamente la prohibición de la cobertura.
Adicionalmente, el día de la votación, se registraron al menos 10 situaciones en donde se violó la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Estos casos ocurrieron en Amazonas, Táchira, Sucre, Bolívar, Trujillo, Yaracuy, Lara y en el Distrito Capital. La mayoría de los victimarios resultaron ser personas desconocidas, militantes o presuntamente con vinculación al partido de gobierno.
El 3 de diciembre de 2023 fue convocado por el CNE un referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, cuya participación por una opción específica fue altamente condicionada por el Estado a través del uso masivo de recursos públicos, y la presión hacia trabajadores públicos y usuarios/as de programas sociales. Los centros de votación permanecieron con baja afluencia de votantes, sin embargo el CNE aseguró que más de 10 millones de venezolanos participaron en el proceso.
Durante la jornada contabilizamos al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. A diferencia de la elección primaria convocada por sectores de oposición en octubre, este proceso contó con una amplia cobertura de medios públicos y privados, mayormente de radio y televisión.
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