El gobierno de Javier Milei comunicó el 27 de febrero que se prohibirá el uso del llamado «lenguaje inclusivo» en todo el Estado argentino.
“Se va a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género”, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa.
El portavoz detalló que “no se va a poder utilizar la letra ‘e’, el arroba, la ‘x’”. Asimismo, sostuvo que en los doumentos públicos se evitará “la innecesaria utilización” del género femenino.
Ante una pregunta al respecto, Adorni apuntó que las perspectivas de género se han utilizado como “un negocio de la política”.
El anuncio de la Casa Rosada se suma a la resolución firmada el 23 de febrero por el ministro de Defensa, Luis Petri, que prohibe el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas de Argentina.
“Prohíbase la utilización del llamado ‘lenguaje inclusivo’”, señala el artículo 3.° de la resolución 2024-160-APN-MD que, además, deja abierta la posibilidad de aplicar sanciones a quienes no acaten la nueva normativa.
El lenguaje inclusivo viene siendo objeto de polémica desde el mismo momento de su utilización, ya que no solo distorsiona el idioma castellano sino que, además, sus críticos denuncian que tiene un fuerte contenido ideológico. De hecho, en 2022, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también prohibió su utilización en las escuelas.
Estas medidas del gobierno de Milei, a la que se suma el cierre del INADI, buscan retomar el uso del lenguaje español tradicional tal como lo requiere la absoluta mayoría de la población argentina: según una encuesta de 2022, el 70% de los argentinos rechaza el lenguaje inclusivo.
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