Por Israel Duro – voz.us
Un jurado federal de Tennessee declaró culpables a seis activistas por dos delitos graves contra la Ley de Libre Acceso a la Entrada a las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) por su participación pacífica en un acto de oración ante la puerta de una clínica abortista de Nashville en 2021. Los acusados se enfrentan a penas de hasta diez años y medio de cárcel y multas de 260.000 dólares, algo que se enmarca, según la Thomas More Society, que ha llevado la defensa, en “la virulenta persecución del Departamento de Justicia de Biden contra los activistas provida”.
El DOJ busca ejemplarizar para atemorizar a los cristianos
Los abogados apuntan que la persecución de los cristianos, y especialmente de los activistas provida desde la agencia de Merrick Garland “comenzó en los meses que siguieron a la anulación por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en junio de 2022, del caso Roe contra Wade” y continúa intensificándose. El juzgado consideró que Paul Vaughn, un conocido activista cristiano y padre de once hijos; Chester Gallagher, Coleman Boyd, Heather Idoni, Calvin Zastrow y Dennis Green son culpables de un cargo por “violación de la Ley FACE” y otro por “participar en una conspiración contra los derechos“. La vista para dictar sentencia está fijada el 2 de julio, aunque la defensa anunció que apelarán la decisión.
Steve Crampton, consejero de la Thomas More Society y abogado de Vaughn se mostró “decepcionado” por el fallo y señaló que el DOJ está utilizando a su cliente como ejemplo para atemorizar a otros cristianos y activistas provida:
Se trataba de una manifestación pacífica de ciudadanos totalmente pacíficos -llena de oraciones, cantos de himnos y adoración- orientada a persuadir a las mujeres embarazadas para que no aborten a sus bebés. Por desgracia, el Departamento de Justicia de Biden decidió calificar las acciones pacíficas de Paul Vaughn como un delito grave de “conspiración contra los derechos”, para intimidar y castigar a Paul y a otras personas provida y creyentes.
Doble rasero del DOJ
Crampton denunció que existe un doble rasero en el DOJ entre el trato que reciben los activistas que defienden al no nacido pacíficamente y los abortistas que perpetran ataques violentos contra centros provida para ayudar a las mujeres embarazadas. “El patrón del Departamento de Justicia de Biden de arrestar y procesar a pacíficos defensores provida es preocupante”, apuntó, destacando la “poco enérgica” respuesta de las fuerzas del orden ante los ataques de los abortistas, que en muchos casos ni siquiera llegan a ser procesados.
Algo que contrasta con la espectacular redada del FBI para detener a Vaughn en su domicilio delante de su mujer e hijos: “Se trata de un frustrante revés para Paul, para su familia y para toda la comunidad provida, que ha apoyado a Paul desde el día de su detención, delante de su mujer y sus hijos, por agentes del FBI fuertemente armados, hasta el juicio”, observó Crampton. Cabe recordar que apenas dos semanas antes, “una fuerza de ataque similar [del FBI] asaltó la casa de Mark Houck. El 23 de septiembre, Houck fue sacado a rastras del domicilio familiar de Pensilvania por agentes armados que apuntaban con pistolas a su mujer y a sus siete hijos pequeños“.
Una débil acusación
En su comunicado, el equipo jurídico de la Sociedad Thomas More apuntó las debilidades –desmontadas por las pruebas en muchos casos- de los argumentos clave de la acusación contra Vaughn, pero que aún así fueron suficientes para que su cliente fuera declarado culpable:
– La acusación se basó en gran medida en una testigo principal, Caroline Davis, que participó y fue detenida por el acto de oración en Monte Juliet con Vaughn, pero que más tarde se convirtió en prueba de cargo.
– El Gobierno intentó presentar a Paul como si hubiera engañado voluntariamente a la policía durante la reunión en el evento de oración del Monte Juliet, a pesar del testimonio de un negociador de la policía que declaró que Paul había sido a la vez servicial, colaborador y pacífico.
– El Gobierno también intentó presentar a Paul como alguien que pretendía interferir en el funcionamiento de las instalaciones de Mt. Juliet utilizando pruebas poco convincentes, y como miembro de una conspiración criminal a pesar de que no había pruebas de conocimiento previo del evento.
– El Gobierno también presentó a una mujer decidida a abortar que aparentemente había concertado una cita para abortar pero dijo que se marchó “por culpa de los manifestantes.”
– Los abogados federales incluyeron a un empleado de un negocio de abortos que afirmó estar “atrapado dentro del edificio durante el incidente”, a pesar de que el vídeo mostraba claramente el tráfico por el pasillo hacia y desde el local de abortos.
Tras conocer la sentencia, los condenados, “junto con familiares y amigos, se reunieron frente al Palacio de Justicia para rezar y cantar himnos“.
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