Gabriela Moreno – Panam Post
Todo el dinero que genera el trabajo forzado y esclavizante que realizan las misiones médicas cubanas enviadas al exterior por el régimen castrista queda en los bolsillos de los militares de la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se han apoderado, entre 2009 y 2022, de 69800 millones de dólares provenientes del pago por los servicios de las brigadas sanitarias internacionales. Estos recursos, realmente, debían invertirse en el mejoramiento del sistema de salud público, algo que no ocurrió.
La millonaria suma ha llegado a las arcas del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), que está bajo el control del ente castrense, lo que la hace un ente completamente inauditable. A este conglomerado empresarial que dirigen las FAR se le suma el ministerio de Salud Pública y el Banco Financiero Internacional.
La complicidad de las tres instituciones desde 2009 provocó que el número de hospitales decreciera 32 % detonando “el desmantelamiento de la salud en Cuba”, así indica el informe del OCAC. Al respecto, la organización atribuye la escasez de analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos a un “saqueo de Gaesa, el holding de la nueva oligarquía cubana, que robó a los médicos y a la nación”.
Esfuerzo perdido
La cantidad de dinero sustraído por los militares cubanos fue posible con el despliegue de más de 50000 “cooperantes” (siendo médicos la mitad de ellos), que estuvieron hasta en 68 países, en su momento. Actualmente, se encuentran solo 23792 colaboradores de la salud prestando servicios en 56 naciones, ubicando a Cuba entre los países con mayor trata de personas, por ‘esclavitud’ de médicos.
El cansancio del personal médico es un esfuerzo perdido, cuando las ganancias obtenidas por su desempeño fuera de La Habana “nunca han retornado a la reconstrucción de hospitales, adquisición de equipos, mejoramiento de las condiciones de atención a los pacientes o salarios”, apunta el documento.
Las cuentas revelan la trama de un fraude, al analizar que la cifra total que entró al país por concepto de las denominadas “misiones médicas” durante aproximadamente trece años, fue 108.500 millones de dólares, de los cuales 30700 millones le pagaron a los médicos, dejando sin explicación alguna el destino de al menos 8000 millones de dólares y pasando el restante, es decir, 69800 millones de dólares a manos de Gaesa. Se estima que los militares cubanos ordenaron gastar 24200 millones de dólares de este monto en la construcción de nuevos hoteles y sólo 1700 millones de dólares en el sector de salud pública, lo que deja un “excedente” nada despreciable de 43900 millones de dólares para esta empresa.
La principal inquietud que surge luego de acercarse a estas cuentas es: ¿Dónde está el resto de ese dinero? Hay militares dueños de empresas creadas recientemente. La respuesta es obvia.
Consecuencias sanitarias
El impacto de la corrupción de los militares cubanos usando a Gaesa como fachada también es visible. De acuerdo con el informe, “la seguridad sanitaria está en caída libre”, debido al colapso en los servicios médicos y falta de suministro de fármacos.
Ambas condiciones confirman la burla del régimen al artículo 72 de la Constitución cubana, el cual establece la salud pública como un derecho de todas las personas e impone al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención protección y recuperación.
El dictador Miguel Díaz-Canel se mofa de lo que dice la Carta Magna sin ningún escrúpulo, considerando que sólo destinó 2,1% a “salud y asistencia social” de lo que se supone que se debía invertir en 2022 en gasto público.
Una de las consecuencias de la ínfima suma asignada es la escasez de 161 medicamentos —equivalentes al 42 % de lo que le corresponde aportar—, de los cuales 24 son expedidos por la “libreta de racionamiento”, para tratar la hipertensión, depresión e hipotiroidismo mientras que, otros 80 corresponden a medicamentos de “Prioridad I” cuyo fin es enfrentar patologías onco-hematología, enfermedades materno-infantiles y tratamientos a los enfermos con VIH.
Mentiras comunistas
La Administración de Díaz-Canel alega a través de BioCubaFarma, “indisponibilidad de materias primas” hasta “rotura de equipamiento tecnológico”. De esta forma justifican el incumplimiento de la entrega de los medicamentos que comprometen la vida de las categorías más vulnerables.
Sin embargo, todo es parte de una mentira comunista. Se sabe que BioCubaFarma tiene «una cartera comercial de exportación de más de 300 productos», con la cual La Habana vendió a México 84 millones de dólares en insumos para anestesiología, neumología, oftalmología y tratamiento del cáncer.
Esos negocios demuestran que el fraude de Gaesa impone la muerte a los cubanos que requieren ayuda en materia de salud, porque intentar esquivar el panorama es complejo para un trabajador que recibe un salario medio de 14 dólares.
Si alguien debe mantener un tratamiento antidepresivo o de presión arterial de al menos 75 mg diarios, tres pastillas, durante tres meses, requiere alrededor 12 dólares cada mes. Ningún bolsillo lo soporta. Tampoco los médicos.
El país pasó de tener un total de 312.406 empleados como personal facultativo en 2021, a 281098 en 2022. La deserción de 31308 profesionales incluye a técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud.
“Lo sucedido con el sistema de salud pública es reflejo de una política de negligencia consciente y deliberada de las responsabilidades sociales del Estado en ese campo. Este abandono ha perdurado con el tiempo y amenaza la seguridad sanitaria debido a la reducción de la inversión, tanto en dicho sector como en el de ciencia e innovación tecnológica”, apunta el dossier sobre el saqueo de Gaesa. Otra conclusión es imposible.
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