En medio del escándalo que sacude a toda España por el reciente acuerdo firmado entre el Partido Socialista Español (PSOE) y la agrupación Junts per Catalunya (JxCat) por una ley de amnistía para separatistas catalanes, Santiago Abascal de Vox anunció que solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la investidura de Pedro Sánchez para detener esta polémica ley.
El acuerdo fue firmado la semana pasada en Bruselas e implicaría el indulto para políticos catalanes condenados por el intento secesionista de 2017 y se ampliaría para incluir a asociaciones civiles independentistas catalanas investigadas por supuestos delitos de terrorismo. A cambio de esto, el actual presidente recibiría los votos necesarios para su reelección, algo que desde la oposición consideran como una «medida de abolición del Estado de derecho».
Abascal planea presentar una querella contra Sánchez por tres delitos, los cuales revelará en su comparecencia ante los medios en el Alto Tribunal.
Este anuncio se produce justo después de que la presidente de las Cortes, Francina Armengol, informara que el Pleno para investir a Sánchez se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre. Se espera que sea elegido presidente en primera votación al reunir 179 apoyos, tres más de los necesarios para la mayoría absoluta.
El líder de Vox advirtió que Sánchez, al recurrir a una norma que ataca la Constitución, ha pasado de ser un presidente «ilegítimo» a convertirse en uno «ilegal» al acceder al gobierno.
Abascal hizo un llamado a detener lo que considera un golpe a través de medios legítimos y defiende la movilización permanente en las calles, respaldando las concentraciones convocadas por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.
El líder de Vox también ha instado al PP a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para detener la Ley de amnistía propuesta por Sánchez. Solicitó que el PP no permita ni vete la normativa, con el objetivo de bloquear las intenciones del Gobierno, sus aliados comunistas y separatistas.
Fuentes de Vox indican que, una vez que el letrado mayor de las Cortes se pronuncie, la Mesa del Senado podría negar la tramitación de la ley y convocar un voto en el Pleno al respecto.
Esta solicitud de Vox llega justo antes de que los populares aprueben, el martes, la reforma del Reglamento del Senado para postergar el proceso de la Ley de amnistía, retrasando su regreso al Congreso para su aprobación final en al menos tres meses.
Estallaron las calles de Madrid
Miles de manifestantes se congregaron en una protesta masiva convocada por el PP en el día de ayer. Desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Cibeles, un trayecto de más de un kilómetro rebosaba de personas, no solo expresando su rechazo a la amnistía sino también el descontento general hacia las políticas de Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa en 2018. Los recientes acuerdos del presidente en funciones con partidos nacionalistas para prolongar su mandato por cuatro años más y el pacto con Puigdemont han sido la gota que colmó el vaso.
Las imágenes de la multitud contradicen las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno que reportó apenas 80.000 personas en las calles, mientras que desde el PP se estima que fueron cerca de 500.000, superando todas las previsiones.
Matrimonios, familias, estudiantes y periodistas se mezclaban en un ambiente de indignación. «No estamos aquí para celebrar nada. Venimos a protestar», expresaba una ciudadana, molesta, al ritmo de una canción de Aitana. «La amnistía solo tiene un propósito: hacer a Sánchez presidente», comentaba otra manifestante que asistió con su familia.
Un joven de 18 años, recién comenzando sus estudios de periodismo, mencionaba: «Lo que hace el PSOE es un atropello. La gente tardó en salir a la calle, pero estoy contento de que finalmente lo haya hecho. Esto va más allá de la amnistía; hay muchos motivos para manifestarse».
El sindicato de Vox, Solidaridad, anunció además una huelga general para el 24 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, en protesta por los acuerdos entre Sánchez, Sumar y los separatistas. Abascal defendió la huelga no solo por motivos políticos, sino laborales, señalando la condonación de la deuda catalana y la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco como preocupaciones centrales.
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