Cómo la corrupción en las instituciones argentinas socava a una nación: el caso de los permisos de importación

Redacción TierraPura.org

El Sistema de Importaciones de la República Argentina conocido como SIRA es un mecanismo instrumentado por el Ministerio de Economía de Argentina encabezado por Sergio Massa hace más de un año. Para octubre de 2022 el contexto de restricciones a la libertad económica impuesto por el plan de gobierno ya estaba consolidado como un sistema de barreras burocráticas diseñado para restringir al máximo el ingreso de importaciones. El propósito real de esta maniobra fue -desde su inicio- limitar la sangría de divisas del Banco Central y que fuera sostenible el cepo cambiario impuesto en Argentina por el actual modelo económico.

Este esquema no solo tuvo el efecto de restringir gravemente el ingreso de insumos básicos para sostener la producción de una industrial nacional argentina ya paralizada hace más de un año y el abastecimiento del mercado doméstico de combustibles, sino que además provocó faltantes en insumos médicos indispensables que obligaron a muchos centros hospitalarios a postergar tratamientos, deterioró aún más las condiciones de un sistema de salud diezmado e hizo crítica la situación de personas gravemente enfermas cuya vida dependía de un tratamiento oportuno.

El sistema SIRA generó condiciones “inmejorables” para el surgimiento de la corrupción. Para poder importar cualquier cosa -literalmente, hoy el 100% de las partidas arancelarias se ven afectadas-, las empresas deben tramitar un permiso previo de importación, con la intervención de la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central (este último para permitir o no el acceso al mercado de cambios legal).

La primera traba importante que sufren las empresas proviene de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, la recaudadora nacional de impuestos), que evalúa la capacidad económica financiera (CEF) de cada empresa y sobre esa base hace un cómputo para permitir o no esa importación. Los criterios y mecanismos que usa la AFIP no son en absoluto transparentes. Por citar un ejemplo, no se sabe de qué forma la AFIP considera la facturación para considerarla o no económica y financieramente capaz. Muchas empresas denuncian que personal de la AFIP a menudo les ofrece incrementar esa certificación de capacidad económica y financiera a cambio de un monto en pesos que está en proporción con el CEF “incrementado”. 

Una vez superada esta barrera, interviene la principal entidad reguladora detrás del sistema SIRA: la Secretaría de Comercio nacional, que al no existir un mecanismo de licencias con habilitación automática de importaciones (por ejemplo, por tipo de insumo), bloquea otra vez el paso de los artículos a través de la aduana. Támbién existen múltiples denuncias sobre sobornos requeridos por empleados de la Secretaría para cambiar el estado del trámite de importación para que avance el proceso de “observado” a “aprobado”, exigiendo un pago de entre el 8% y el 12% del valor monetario total de los insumos o artículos comprados en el exterior que deben ingresar al país.

Los actos de corrupción no cesan ahí: aún habiendo superado todas las barreras que suponen estos trámites (incluidas las eventuales coimas), sigue la fase de intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), responsable de habilitar el acceso al mercado cambiario para que las empresas puedan pagarle a los proveedores en el exterior por sus compras.

El BCRA es quien asigna una fecha de ingreso de la empresa importadora al mercado cambiario oficial para poder cumplir luego con su obligación de pago contraída con el proveedor extranjero, lo cuál puede demorar entre 60 y 180 días hábiles, sin distinguir el tipo de producto o insumo que se esté importando. Por esta razón, las empresas tienen cada vez más dificultades para negociar las compras y pagos con sus respectivos proveedores en el exterior (ni hablar de las empresas pequeñas, denominadas PYMES), a quienes el Banco Central no les ofrece ninguna garantía para que pueda realizarse el pago en término, es decir que el plazo máximo de pago de 180 días hábiles puede potencialmente extenderse sin un claro fundamento y sin posibilidad de accionar legal oportuno al respecto. Cabe resaltar que la deuda comercial actual del BCRA con agentes externos ya supera los US$ 54.000 millones.

Para concretar una importación con las actuales políticas de gobierno, aun no es suficiente con haber sorteado las barreras de aprobación de capacidad económica financiera, el visto bueno de la Secretaría de Comercio y el permiso de acceso al mercado cambiario por parte del Banco Central. Tras la devastadora devaluación de agosto pasado, el gobierno argentino aún sumó restricciones adicionales completamente arbitrarias en los trámites de habilitación, como las llamadas “inconsistencias” 46 y 47, cuyo propósito es limitar sin fundamento los giros de divisas al exterior. 

Dado que no hay canales de apelación legal por vías transparentes, la vía corrupta queda habilitada impunemente. Las empresas denuncian que se les exigen sobornos de hasta el 20% del valor total de las mercaderías adquiridas en el exterior para poder sortear esta restricción.

Sumado a las restricciones enumeradas, las importaciones deben pasar por el sistema CCUCE -una cuenta corriente única de comercio exterior establecida para operaciones cambiarias en el cual las entidades son autorizadas a operar en el Mercado Libre de Cambios por el Banco Central de la República Argentina– cuenta desde donde el banco operador involucrado en la transacción de pago puede corroborar que la operación se concretó correctamente. Este sistema registró últimamente una serie de sospechosas fallas operativas -las llamadas “de mantenimiento del sistema”-, y en esta situación los giros de divisas al exterior para financiar importaciones fueron bloqueados sin más, impidiendo definitivamente completar el proceso de importación y por consiguiente los pasos ulteriores en aduana para el ingreso efectivo de los insumos, su llegada al lugar de destino en el país y su uso efectivo por parte de quien lo precisara.

El Ministerio de Economía de Argentina ha venido implementando este fatídico sistema durante 4 años, y ha sido el modelo económico definido por la misma línea política en gobiernos anteriores, produciendo el efecto exactamente contrario a la promesa de apertura de la economía nacional y de bienestar de los argentinos.

Es evidente que los actos de corrupción a cualquier escala generan desastres. En tiempos de elecciones decisivas no es tarea sencilla distinguir. -a menos que se tengan muy en claro los criterios- qué es correcto y qué es incorrecto, y en consecuencia que tipo de cosas no se deben elegir ni para sí mismo ni para el destino de un pueblo, bajo ninguna circunstancia.