Fuente: La Prensa

Por Agustina Sucri

La respuesta al covid-19 de la industria sanitaria internacional, encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), empobreció a la población y degradó la salud. Por lo tanto, la prisa actual por transferir mayores poderes a la OMS no debe confundirse con la salud pública, alertó el doctor David Bell, ex integrante de esa entidad sanitaria mundial, médico especialista en salud pública y consultor biotecnológico en salud global. “Financiar públicamente una mayor erosión de la libertad y de los derechos humanos básicos sería autolesionarse, mientras que financiar el acceso a la asistencia sanitaria básica es un bien global. Los ciudadanos, y los políticos que dicen ser sus representantes, deberían tener clara la diferencia”, destacó en un artículo de su autoría, días después de que el director de la OMS -Tedros Adhanom Ghebreyesus- insistiera la semana última sobre la necesidad de avanzar en el “Acuerdo Pandémico”.
Adhanom Ghebreyesus volvió a la carga sobre el apuro de concretar ese tratado -tan ansiado por la OMS y quienes se encuentran detrás de esa entidad como financistas- luego de que la ‘Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial’ (GPMB, por sus siglas en inglés) calificara de ‘fragil’ el estado actual de preparación frente a potenciales futuras pandemias.
“La @GPMB nos ha dicho hoy que no se ha cambiado lo suficiente en materia de preparación frente a pandemias, a pesar de las catastróficas consecuencias de la pandemia de #COVID19. El informe ofrece recomendaciones de importancia crítica que requieren medidas urgentes, incluido un llamamiento para que se integren mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas en las reformas en curso y un #AcuerdoPandémico. Estoy de acuerdo con la Junta. No puede haber rendición de cuentas sin seguimiento, que proporcione información precisa y oportuna, para convertir los compromisos en acciones efectivas”, expresó el director de la OMS a través de un posteo en su cuenta de X, que recibió casi un centenar de comentarios en contra, en los que tildaban al funcionario y a la entidad, entre otras cosas, de mentirosos y se manifestaba un fuerte rechazo a dicho acuerdo por las implicancias que tendría para las libertades individuales y las soberanía de los países.
“La salud pública internacional es un desastre. La OMS, antaño considerada en general un bien público, se asemeja ahora más a un plan para extraer beneficios privados del erario público. Las corporaciones adineradas impulsan una agenda de ‘asociación público-privada’, las fundaciones de los ricos determinan las prioridades mundiales y un público propagandizado está cada vez más alejado de la toma de decisiones relativas a su propio bienestar”, describe Bell a modo de diagnóstico de la situación actual. 
Para este exmédico y científico de la OMS, hubo un tiempo en que las cosas eran distintas y la sanidad pública promovía una auténtica equidad y descentralización. “Sin embargo, décadas de cambiar ingenuamente el control público por el dinero privado han desmantelado el modelo descolonizador y comunitario sobre el que se construyeron ostensiblemente instituciones como la OMS. Las políticas recientes han promovido el empobrecimiento y el control centralizado, y la OMS busca ahora el poder para afianzarlos”, enfatiza.
Algunos sostienen que la “salud pública” es una construcción falsa y que sólo importa la salud personal, dice Bell, pero agrega que los que creen esto deberían aclarar qué harán cuando una fábrica empiece a liberar mercurio o cianuro en su suministro de agua. “Sin una estructura que lo controle, no lo sabrán hasta que la gente a su alrededor enferme o muera. Si quieren salir a la calle, probablemente prefieran el aire limpio. Esto requiere un esfuerzo comunitario considerable”, grafica. 
Según recuerda este experto, la OMS se creó en 1946 para ayudar a coordinar la salud pública internacional. Los países debían recurrir a ella cuando fuera necesario. El cometido de la OMS era principalmente hacer frente a las enfermedades de alta carga que causan enfermedades y muertes evitables cuando los países carecían de los recursos o los conocimientos técnicos necesarios. “Aunque las enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la obesidad, o los cánceres y las enfermedades degenerativas, como la demencia, son las que matan con más frecuencia, la OMS priorizó con sensatez los resultados inevitables de la pobreza o la geografía, predominantemente enfermedades infecciosas, que atacan más jóvenes y acortan mucho más la vida”, relata.
Bell pone de manifiesto que “los años de vida perdidos” son un concepto muy importante en salud pública. Si realmente creemos que la equidad es importante -una posibilidad razonable de que todos tengamos una esperanza de vida más o menos igual-, entonces tiene sentido abordar las enfermedades que quitan más años de vida, opina. “Si hubiera que elegir, la mayoría de la gente daría prioridad a un niño de cinco años con neumonía antes que a una persona de 85 que se está muriendo de demencia. Ambas vidas tienen el mismo valor, pero una tiene más que perder que la otra. Cuando la verdad era importante, las enfermedades prevenibles como la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA y los efectos de la desnutrición eran la prioridad de la comunidad sanitaria internacional”, asegura.
El covid-19 es, por lo tanto, una anomalía evidente, prosigue el ex funcionario de la OMS. “Mata a una edad media superior a la que la mayoría de la gente llega a vivir, y afecta predominantemente a quienes padecen graves enfermedades metabólicas o vinculadas con el estilo de vida. Esta es la razón por la que, desde el principio del brote de covid-19, sólo se citaron las tasas de mortalidad por parte de aquellos que salían ganando con los cierres y la vacunación masiva. Las métricas de salud pública convencionales que tienen en cuenta los años de vida perdidos (como los años de vida ajustados en función de la discapacidad, o DALYs) habrían permitido al público darse cuenta de que las cosas no eran tan graves como algunos querían hacerles creer”, remarca.
Bell hace hincapié en que, en términos de equidad, sería ridículo desviar recursos de los niños africanos que mueren de malaria para vacunarlos contra el covid-19. Tal desvío de recursos mataría previsiblemente a más niños de los que podrían salvarse. “La vacunación masiva contra el covid es mucho más costosa que el tratamiento de la malaria. Menos del 1% de los africanos tienen más de 75 años, la mitad son menores de 20, y casi todos tenían inmunidad contra covid antes de que Omicron inmunizara al resto. Así pues, el hecho de que un programa de vacunación de este tipo fuera dirigido por la OMS, y siga en marcha, dice todo lo que necesitamos saber sobre la intención actual de la OMS y sus socios”, argumenta. 
“La vacunación masiva contra el covid, aunque claramente negativa para la salud pública en los países de bajos ingresos, no fue un error sino un acto deliberado. Los responsables conocían la edad a la que se muere de covid-19, sabían que la mayoría de la gente ya tenía inmunidad y conocían el empeoramiento de otras enfermedades que impulsaría el desvío de recursos”, lamenta este especialista en salud pública.
Es racional concluir que quienes impulsan tales políticas actúan de forma incompetente desde el punto de vista de la salud pública, añade. “Los llamamientos para que estas organizaciones sean desfinanciadas y desmanteladas son totalmente comprensibles. En los países más ricos, donde organizaciones como la OMS aportan un valor añadido mínimo más allá de las oportunidades profesionales, el beneficio de demoler la salud pública internacional puede parecer obvio. Sin embargo, quienes han nacido por fortuna en países con economías y sistemas sanitarios fuertes también deben pensar en términos más amplios”, subraya.
Para este consultor biotecnológico en salud global, debemos -de alguna manera- conservar los beneficios al tiempo que eliminamos la capacidad de estas entidades de venderse al mejor postor. “La afición a inyectar a las mujeres embarazadas medicamentos de ARNm que se concentran en los ovarios y el hígado, atravesando la placenta para entrar en las células en división del feto, no significa que la honestidad o la competencia estén fuera de nuestro alcance”, aclara con ironía, y luego agrega: “Simplemente significa que a la gente se la puede comprar y/o lavar el cerebro. Eso ya lo sabíamos. La sanidad pública, como la fontanería o la venta de coches, es una forma de ganar dinero para la gente corriente. Por lo tanto, necesitamos restricciones y normas ordinarias para asegurarnos de que no abusan de los demás para enriquecerse”.
Por último, apunta que el desastre actual también es culpa de la sociedad. “Como estas instituciones se ocupan de la salud, pretendimos que eran más solidarias, más éticas y más capaces de autorregularse. En los últimos 20 años, la versión de autorregulación de la OMS ha consistido en dejar de lado las antiguas normas relativas a los conflictos de intereses y en congraciarse con las farmacéuticas y las personas con grandes patrimonios en Davos. Deberíamos haberlo previsto y evitado”, finaliza.

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