Fuente: La Derecha Diario
El candidato Sergio Massa anunció un nuevo paquete fiscal con el fin de tratar de comprar votos de cara a la segunda vuelta electoral. El relanzamiento del “plan platita” comenzó con la extensión de los créditos subsidiados por el Estado para jubilados y trabajadores formales, hasta $600.000 y $1 millón de pesos respectivamente.
Se establece un cronograma de pagos de hasta 48 cuotas a un tasa de interés fijada en el 50% anual cuando la inflación es fácilmente el triple, todo esto financiado con más emisión monetaria desde el Banco Central.
Los efectos negativos llegarán en forma de una mayor inflación en el futuro, pero en lo que atañe a los próximos días buscará favorecer la campaña del kirchnerismo. Los montos del programa fueron actualizados en un 150% con respecto a los lanzados originalmente en el mes de septiembre.
Pero además de constituir una medida extremadamente irresponsable que causa un perjuicio futuro a (los ciudadanos de) la Nación (que tendrán que soportarla) y solamente pensada para favorecer a un candidato presidencial, la maniobra es ilegal ya que viola la veda electoral que fija la Justicia.
El artículo 14 del Código Electoral determina “la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio” a partir del día 25 de octubre, de cara a cualquier situación de balotaje. Esto fue previsto precisamente para evitar que un Gobierno déspota en el Estado se valiera de recursos públicos para financiar su campaña con medidas (de corrupción) cortoplacistas.
Este artículo del Código Electoral también prohíbe expresamente la realización de actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y la realización de todo tipo de acto que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos ejecutivos nacionales. Todo esto está bien definido por la Justicia, pero el gobierno permitió al candidato oficialista realizar acciones completamente contrarias a la ley.
Sergio Massa se presentó públicamente como el autor y el ejecutor de las nuevas medidas crediticias, lo que denota abiertamente usar ese recurso con la intención de captar votos, usando indebidamente los recursos del Estado. Además, el gobierno aprobó un paquete equivalente a casi 2 puntos del PBI durante el mes de agosto, que llegó a disparar el déficit fiscal de septiembre un 700% interanual.
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